No cabe duda que es una buena noticia para los vecinos marbellíes el embargo de las propiedades de la familia Gil. No sabemos si será suficiente para cubrir los cien millones que el Tribunal de Cuentas encontró como responsabilidad contable de Jesús Gil Gil, y tampoco sabemos si alguna vez se podrá reparar el daño causado a la ciudad por esas actuaciones y el conjunto de delitos cometidos tanto por el fallecido Jefe como por sus corruptos subordinados. Sin embargo, hay que calificar la actuación del Ayuntamiento de Marbella como apropiada para intentar recuperar el perjuicio a la ciudad.
Porque este embargo se produce a instancias del Ayuntamiento para la ejecución de las sentencias condenatorias del citado tribunal fiscalizador. Unas sentencias que, salvo en la cuantía y las personas condenadas, tiene evidente paralelo con las que se dictaron relativas a las cuentas de las empresas municipales de Estepona.
Aunque créanme, tengo mis dudas respecto a la diligencia que se tendrá en nuestra ciudad para el cobro de las cantidades por las que fueron condenados los exconcejales del GIL Crespo de Lucas, Sánchez Pinacho y González Quintana. Hay que recordar que todos ellos han mantenido estrechas relaciones con los principales partidos de Estepona, gozando de una consideración, aprecio y complicidad que puede evitarles el mal trago de pagar el millón largo que nos adeudan a los esteponeros.
Sánchez Pinacho probablemente siga siendo militante del PP, y durante el gobierno de Rosa Díez, ejecutor de la política urbanística del PP –junto con Ignacio Mena– en una época de muchas sombras y pocas luces para Estepona.
Crespo de Lucas y González Quintana cogobernaron desde el PES con el PSOE de Antonio Barrientos, en aquel gobierno que llevó a los dos principales personajes citados a la cárcel una temporada y no sabemos a dónde cuando el caso Astapa quede finalizado.
Los dos alcaldes, Díez y Barrientos, minimizaron ante el Tribunal de Cuentas las acciones contra sus socios de gobierno, hasta tal punto que solo la presencia de mi grupo político consiguió sentencias razonables en tres de las nueve sociedades fiscalizadas. Sentencias idénticas a las obtenidas en Marbella y que ahora cobrarán nuestros vecinos.
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