El nombramiento de Andrés Flores como Jefe de los Servicios Jurídicos del
Alcalde, pese a no ser una sorpresa para los que lo denunciamos en marzo pasado,
es toda una declaración de principios emitida por el Sr. García Urbano, alcalde
de nuestra localidad.
Asumiendo que lo que piensa se hace y va a misa con la aquiescencia del conjunto de la sociedad, el que se presentó a los esteponeros como garante de la legalidad y azote de la corrupción ha elegido a un imputado en Astapa para que trabaje, codo con codo y a su lado, en la gestión de cuantos asuntos urbanísticos se diriman en Estepona. Hay que recordar que las imputaciones del Sr. Flores se refieren, principalmente, a la presunta emisión de informes técnicos “a medida”.
Créanme que no tengo nada personal contra el Sr. Flores, de hecho mi escaso trato con él acabó justo cuando desde EVA, mi partido, y con todo el derecho del mundo a pedirlo, solicitamos formalmente que aquellos trabajadores municipales que habían sido imputados por la justicia de presuntos delitos cometidos contra el Ayuntamiento fuesen apartados de sus funciones de manera cautelar. Desde aquel día el Sr. Flores no se digna a cruzar palabra alguna conmigo, cosa por la que, para qué negarlo, le estoy agradecido. En realidad, nada tengo que hablar con él.
Sin embargo, y una vez expuesta que no hay ninguna animadversión y que solo me importa el interés público, reitero aquella petición que desde Espacio Verde formulamos en los primeros días de la Operación Astapa y hemos repetido cada vez que hemos tenido ocasión: Hay que apartar de la gestión pública a aquellos que puedan ser perjudiciales para el interés de la administración. Con las garantías legales precisas, con todas las protecciones que sus derechos cívicos les confieren, pero apartados de donde pueda hacer daño otra vez, si alguna vez lo hicieron.
Hay que recordar que en el vecino municipio de Marbella se apartó de su cargo al que era Jefe de la Policía Local durante la época del GIL, antes de mediar condena alguna sobre su comportamiento, y que tras diversas reclamaciones judiciales los tribunales terminaron dando la razón al Ayuntamiento presidido por la también militante del PP Ángeles Muñoz.
Si en Estepona se adopta el criterio contrario, es decir, el de la recompensa a los supuestos pringados en la corrupción, se debe exclusivamente a una decisión política que tendrá que explicar algún día el Sr. García Urbano.
Como deberá explicar por qué ninguno de los imputados pasó a formar parte de las listas del ERE incumpliendo hasta las más elementales normas de la aleatoria o la estadística. Todos quedaron a salvo de la quema manteniendo sus puestos. Y en algunos casos, como el de la mano derecha, factótum, jefe, “lorito colorao” o cabecilla de la partida, el técnico José Flores, incluso adquiriendo responsabilidades para las que nunca demostró la más mínima habilidad, estando como ha estado siempre dedicado al trapicheo político de la peor calaña.
El ascenso de un imputado por decisión política es una muestra, inequívoca, directa, sin matices, del interés que demuestra nuestro alcalde en la lucha contra la corrupción. Ha elegido rodearse de los presuntos corruptos, aquellos a los que negaba el pan y la sal durante la campaña electoral “nunca hablaré con un imputado”. Ya sabemos lo que le gusta al Sr. García Urbano repetir aquello de llevar el Ayuntamiento “como una empresa”, aunque también estoy seguro que jamás nombraría de gerente de cualquier empresa suya a un trabajador investigado judicialmente por tramar contra la misma. ¿Qué pretende entonces?
Asumiendo que lo que piensa se hace y va a misa con la aquiescencia del conjunto de la sociedad, el que se presentó a los esteponeros como garante de la legalidad y azote de la corrupción ha elegido a un imputado en Astapa para que trabaje, codo con codo y a su lado, en la gestión de cuantos asuntos urbanísticos se diriman en Estepona. Hay que recordar que las imputaciones del Sr. Flores se refieren, principalmente, a la presunta emisión de informes técnicos “a medida”.
Créanme que no tengo nada personal contra el Sr. Flores, de hecho mi escaso trato con él acabó justo cuando desde EVA, mi partido, y con todo el derecho del mundo a pedirlo, solicitamos formalmente que aquellos trabajadores municipales que habían sido imputados por la justicia de presuntos delitos cometidos contra el Ayuntamiento fuesen apartados de sus funciones de manera cautelar. Desde aquel día el Sr. Flores no se digna a cruzar palabra alguna conmigo, cosa por la que, para qué negarlo, le estoy agradecido. En realidad, nada tengo que hablar con él.
Sin embargo, y una vez expuesta que no hay ninguna animadversión y que solo me importa el interés público, reitero aquella petición que desde Espacio Verde formulamos en los primeros días de la Operación Astapa y hemos repetido cada vez que hemos tenido ocasión: Hay que apartar de la gestión pública a aquellos que puedan ser perjudiciales para el interés de la administración. Con las garantías legales precisas, con todas las protecciones que sus derechos cívicos les confieren, pero apartados de donde pueda hacer daño otra vez, si alguna vez lo hicieron.
Hay que recordar que en el vecino municipio de Marbella se apartó de su cargo al que era Jefe de la Policía Local durante la época del GIL, antes de mediar condena alguna sobre su comportamiento, y que tras diversas reclamaciones judiciales los tribunales terminaron dando la razón al Ayuntamiento presidido por la también militante del PP Ángeles Muñoz.
Si en Estepona se adopta el criterio contrario, es decir, el de la recompensa a los supuestos pringados en la corrupción, se debe exclusivamente a una decisión política que tendrá que explicar algún día el Sr. García Urbano.
Como deberá explicar por qué ninguno de los imputados pasó a formar parte de las listas del ERE incumpliendo hasta las más elementales normas de la aleatoria o la estadística. Todos quedaron a salvo de la quema manteniendo sus puestos. Y en algunos casos, como el de la mano derecha, factótum, jefe, “lorito colorao” o cabecilla de la partida, el técnico José Flores, incluso adquiriendo responsabilidades para las que nunca demostró la más mínima habilidad, estando como ha estado siempre dedicado al trapicheo político de la peor calaña.
El ascenso de un imputado por decisión política es una muestra, inequívoca, directa, sin matices, del interés que demuestra nuestro alcalde en la lucha contra la corrupción. Ha elegido rodearse de los presuntos corruptos, aquellos a los que negaba el pan y la sal durante la campaña electoral “nunca hablaré con un imputado”. Ya sabemos lo que le gusta al Sr. García Urbano repetir aquello de llevar el Ayuntamiento “como una empresa”, aunque también estoy seguro que jamás nombraría de gerente de cualquier empresa suya a un trabajador investigado judicialmente por tramar contra la misma. ¿Qué pretende entonces?
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