Todo dicho

Publicado en Estepona Información el 27/10/2012

El día que se publica la EPA con la creciente cifra de parados, cerca de 6 millones, se da a conocer la sentencia del ERE en el Ayuntamiento de Estepona. Al parecer,  la descubre el público en general, que los mandamases del PP la conocían hace un par de días, pese a que no se pueda explicar eso legalmente.

No es una coincidencia, todos los días se suceden las desgracias desde que hace ahora poco más de un año se aprobase en las Cortes la reforma constitucional. Auspiciada por el Gobierno del PSOE y el aspirante PP,  el principal objetivo de nuestra carta magna pasaba a ser, además de seguir manteniendo los lujosde la familia Borbón, el de contener el déficit público.

Más allá del bienestar de los vecinos de la Piel de Toro, más allá del derecho a la vivienda, al trabajo, a la educación o a la sanidad, el Estado Español garantizaba a partir de ese momento,  e inexcusablemente,  que el interés general quedaba constreñido al interés particular de unos entes ajenos y al parecer perversos: Los mercados financieros.

Oiremos ahora las quejas y golpes de pecho de dirigentes políticos locales y nacionales: Hay que ver lo malísimos que son el Notario y Rajoy, que todo lo enmierdan. Sin embargo,  pocos harán memoria y reconocerán su activo papel en el progresivo deterioro de las condiciones de vida de todos nosotros. Los primeros recortes se produjeron durante el Gobierno Zapatero, el primer “rescate” a la banca fue un logro personal suyo y la reforma constitucional pacto demoníaco firmado a espaldas de todos los ciudadanos.

Las consecuencias son evidentes, y están asumidas por todos los grupos políticos que han participado del poder a nivel estatal, autonómico o local. El actual gobierno andaluz, con los supuestamente izquierdistas de IU, consiente la política de recortes y déficit dictada por el gobierno central de forma sumisa y obediente, aceptando por tanto su alícuota parte de responsabilidad en la situación actual. Incluso en la de destrucción de empleo público.

Ya sé que hoy tocaba hablar del ERE, pero qué quieren que les diga que no haya reiterado en estas páginas. Hacía falta racionalizar los servicios públicos, pero ni se hicieron los estudios necesarios ni esa era la intención. Y ahí están, 176 trabajadores en la calle de los cuales solo algunos son cargos políticos con contratos fraudulentos y ninguno pertenece al amplio colectivo de imputados por corrupción. Creo que todo está dicho ya.