Cada vez son más las cuestiones que se resuelven en nuestro ayuntamiento de
forma “digital”, que como supondrán no se refiere al uso de sistemas
informáticos sino más bien a la voluntad del dedo omnipotente de nuestro
maravilloso alcalde.
La relación de adjudicaciones sospechosas, por
recaer en amigos íntimos del alcalde o por haberse hecho sin las mínimas
garantías de publicidad y libre concurrencia cada día son más numerosas.
Pronto comenzaron con la adjudicación del Museo Garó, una pobre
colección de escaso valor artístico que nos cuesta unos 8.000 euros mensuales y
que no consigue atraer visitas a un edificio emblemático de la localidad que
ahora languidece para mayor gloria y alivio económico del amigo personal de
García Urbano.
La colocación de enormes estatuas del escultor de la
máscara mortuoria de Franco, de Santiago, perpetradas casi con nocturnidad y
alevosía y con el único objetivo claro de descargar los almacenes de tan tétrico
escultor, amigo también del alcalde, marcan otro hito en el favoritismo de El
Notario, ajeno al interés general.
Pero más grave es que obras públicas
estén cayendo casi con exclusividad en manos, también, de dos amigos personales
del alcalde. Las empresas de Bonifacio Solís y Miguel Ortega son prácticamente
las únicas capaces de ganar un concurso en Estepona o, en el caso de la calle
Villa, ser adjudicadas sin la conveniente concurrencia.
Parece que es
imprescindible ser militante de la derecha más recalcitrante y amigo del Sr.
García Urbano, condición que recae en todos los anteriormente, para conseguir
medrar en nuestro municipio. Esta suposición se ha visto corroborada otra con la
adjudicación directa de actividades municipales deportivas a la fundación del ex
concejal de DCA, GIL y PP, falangista confeso, nuestro ínclito Pepe López.
En este último caso, además de la adjudicación vía índice de la mano
derecha, concurre la peligrosa afirmación de los implicados. Al parecer, todo se
hace para pagar menos a los monitores. Además de una posible prevaricación,
puede que nos encontremos ante una cesión ilegal de trabajadores.
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