RUEDA DE PRENSA
Los miembros de Convocatoria celebramos este acto para dejar claro los extremos que nos han llevado de una parte a PERSONARNOS PARA EJERCER LA ACCIÓN PÚBLICA en los procesos actualmente en el Tribunal de Cuentas, así como a dejar constancia de que NADIE VA A DECIR DE QUÉ TENEMOS QUE HABLAR Y QUÉ TENEMOS QUE CALLAR, ni siquiera el Concejal de la Policía, el gilista Crespo y su banda de acólitos a sueldo. Son ellos los que deberían estar avergonzados de presentarse ante nuestro pueblo. Sin más, pasamos a desarrollar los temas de la rueda de prensa.
1.- Los procesos por alcance contable que sigue el Tribunal de Cuentas del Reino contra los administradores de las sociedades municipales en Estepona. La participación y la responsabilidad de los concejales gilistas investigados.
El Tribunal de Cuentas del Reino emitió, con fecha 25/04/2003, Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Estepona y sus sociedades mercantiles asociadas durant el período 1995-1999, que coincide, casi en su totalidad, con el mandato del gobierno GIL en la localidad.
El informe detectaba numerosas irregularidades en la gestión gilista del complejo entramado societario creado, precisamente, para enmascarar una gestión de lo público opaca, que primaba los intereses personales de ciertas personas y sociedades en lugar del legítimo interés público.
De la relación, extensa y de variado tipo, de irregularidades detectadas en el informe del Tribunal de Cuentas en cuanto a la gestión del Ayuntamiento se puede deducir la clara intención de no someter a los criterios de leegalidad, eficacia, y economía de medios la gestión municipal. Mediante una práctica deliberada de ocultamiento, opacidad y complejidad artificiosa pretendían, a todas luces, el enriquecimiento de ellos mismos y sus asociados. Y decimos esto con todas las consecuencias. En el Ayuntamiento de Estepona, y en las empresas, creadas por el GIL se han vulnerado todos los preceptos de custodia, de rigor, de publicidad y de economía en la gestión, produciéndose por tanto pagos indebidos, enriquecimiento ilegítimo de las empresas amigas y, por supuesto, cobro de cantidades por parte de los responsables políticos de estos hechos por eso mismo, por ser parte necesaria para la consumación de los mismos.
Creemos importante dejar claro con esto que no se trata, como se nos ha querido vender, de una anormalidad puntual, de un error humano o de un pequeño desfase de documentos o números. Se trata, y al Informe de Fiscalización nos remitimos, de una práctica continuada y deliberada de la omisión inexcusable de mantener la legalidad en la custodia de los intereses públicos.
Derivado de este informe, el Tribunal de Cuentas ha iniciado procesos por ALCANCE CONTABLE, que significa que ha detectado irregularidades por PAGOS NO JUSTIFICADOS o PAGOS INDEBIDOS. No se trata, por tanto, de meros asuntos de papeles, sino de averiguar cómo y por qué dineros públicos han llegado a manos que, o no han justificado o no deberían haber recibido esos importes jamás. En el caso de los pagos indebidos podemos explictar el cobro directo, por parte de concejales y cargos políticos, de INGRESOS POR ASISTENCIA A INEXISTENTES COMISIONES DE ÓRGANOS COLEGIADOS. En este caso, y utilizando la acepción 4 del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, podemos hablar, con propiedad, de CORRUPCIÓN. Pegamos aquí el citado texto del DRAE: “Corrupción: 4. f. Der. En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.”
La puesta en conocimiento de las actuaciones del Tribunal de Cuentas, y la más que previsible desidia de los partidos políticos de Estepona nos ha llevado a los miembros de Convocatoria a personarnos en las causas pendientes, con el objetivo de la DEFENSA DE LOS INTERESES PÚBLICOS, sin condiciones, sin compromisos con ninguno de los encausados, sin máscaras. Convocatoria es el ÚNICO colectivo local que ha presentado demandas para RECUPERAR EL TOTAL QUEBRANTO A LOS INTERESES PÚBLICOS presuntamente provocado por la gestión gilista.
Así mismo, anunciamos que no descartamos la iniciación de medidas que en el ámbito de lo penal puedan haberse producido a nuestro entender, y dejar claro, meridianamente, que la CORRUPCIÓN POLÍTICA puede tener, o no, trascendencia penal.
2.- La supuesta connivencia y complicidad del equipo de gobierno actual (PSOE, GIL-PES, y PA) con los investigados y el interés en salvar las responsabilidades de los presuntos responsables aún contra los intereses legítimos del municipio.
Es importante reseñar que “Convocatoria” se ha visto obligada a personarse en las causas por la desidia, desinterés o incluso connivencia cómplice del
Ayuntamiento con los malos gestores pertenecientes al GIL, actuales socios de gobierno del PSOE y PA.
“CONVOCATORIA”, aún a costa de un considerable esfuerzo para una formación política pequeña, de trabajadores, sin empresarios que patrocinen nuestros actos y actividades, decide presentar demandas por alcance contable POR LA TOTALIDAD de las cantidades reclamadas por las liquidaciones provisionales presentadas por el Tribunal de Cuentas. El Ayuntamiento, a través de los liquidadores de las empresas municipales y sus abogados pretenden exculpar y justificar hasta EL 90% de las cantidades reclamadas por el Tribunal de Cuentas. Aún después de que todas las alegaciones presentadas en las diferentes etapas procesales hayan sido insuficientes e ineficaces ante el Tribunal de Cuentas. Así, el abogado de las empresas municipales es capaz de sostener que están debidamente justificados pagos amparados en ACTAS PRESUNTAMENTE FALSEADAS, PEGADAS A LOS LIBROS ORIGINALES. O dar como válidos presuntos contratos profesionales REDACTADOS Y FIRMADOS DESPUÉS DEL INICIO DE LAS INVESTIGACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, y que se aportan en el periodo de alegaciones careciendo de cualquier registro o fe pública que atestigue su autenticidad.
Se llega al descaro cuando el abogado presuntamente defensor de los intereses públicos es capaz de admitir como válida una operación que consiste en la entrega de una finca propiedad municipal a una sociedad relacionada directamente con el entonces Alcalde Jesús Gil Marín SIN NINGUNA CONTRAPRESTACIÓN ACREDITADA. El incremento patrimonial de la citada sociedad, Cyrus Field, puede calificarse de escandaloso en muy poco tiempo.
Otra de las desvergonzadas estrategias de la supesta “defensa pública” es intentar culpar a un fallecido, el Sr. Quero, exgerente de las empresas municipales, alegando que todo fue responsabilidad directa suya, y en todo caso, la subsidiaria sería de los cargos políticos. La realidad es que el Sr. Quero, en todo caso, fue un MERO EJECUTOR de las órdenes políticas recibidas por sus superiores jerárquicos, AUTÉNTICOS RESPONSABLES de la mala gestión, de la deliberada trama de ocultación e intriga pergeñada para perjudicar al pueblo de Estepona. El acusar a un muerto para salvar las propias responsabilidades es, desde cualquier punto de vista, además de una falsedad y una maniobra artera, una iniquidad propia de personajes de baja calaña moral y política.
La connivencia del Ayuntamiento en la exculpación de sus socios de gobierno es pues evidente. En lugar intentar la recuperación del daño sufrido por las arcas públicas, los gestores municipales, entre los que se encuentran los causantes del supuesto daño, intentan minimizar, ocultar o dificultar la actuación del Tribunal de Cuentas.
El colmo del despropósito municipal se produce con el nombramiento como abogado defensor del patrimonio público al que aún hoy sigue siendo abogado de los Sres. Crespo y García en otros procedimientos en los que la parte contraria era el propio Ayuntamiento por medio de otra sociedad pública. ¿A quién defiende el abogado de las empresas? ¿A los intereses municipales o a los intereses de los que participaron en estos hechos?.
¿Qué pretende el Alcalde y su equipo de gobierno? ¿La restitución del perjuicio sufrido por el bien público o la exculpación de los coyunturales socios?. Esto tendrá que ser explicado muy claramente.
3.- El modelo GIL en Marbella y Estepona: Reflejo de una misma forma de hacer política y unos mismos objetivos. El caso “Saqueo Estepona”.
Aunque se intente dar la impresión de que los casos investigados por el Tribunal de Cuentas son meros accidentes de una práctica normal en la administración pública, la realidad es que no es en absoluto así. Como se desprende de los informes de fiscalización, de la historia y de la mera observación de la realidad, el entramado contable y financiero constituido en Estepona tiene un patrón bien definido.
Y no es otro que el copiado exacto de la estructura montada en MARBELLA que propició el famoso “Caso Saqueo” y todas las actividades ilícitas que han llevado a la cárcel a tres alcaldes, inhabilitado a otro y procesados, condenados o imputados una cantidad ingente de otros.
En todos los casos se dan circunstancias parecidas. Han sido o son aún militantes del PARTIDO GIL, o han cogobernado con ellos, como en el caso de los imputados en Manilva.
Además, también en todos los casos, la estructura de funcionamiento ha sido diseñada por los también condenados gilistas Jesús Gil Gil, José Luis Sierra y Pedro Román. Es de reseñar que tenemos constancia exacta de las instrucciones directas de José Luis Sierra a la hora de diseñar el entramado esteponero.
Aunque pueda ser cierto que dentro del gilismo haya habido personas bien intencionadas, inocentes de toda culpa, no es menos cierto que a ciertos niveles de la cúpula del gilismo no se puede alegar ignorancia o buena fe. Los que estaban arriba sabían de qué se trataba, a qué se estaba jugando. Negarlo sería negar nuestra propia inteligencia. El que fuera Secretario General del GIL y exCandidato a la Junta de Andalucía, José Ignacio Crespo, o los que fueron depositarios de la confianza directa del hijo del Jefe, Sánchez Pinacho y Antolín García no pueden alegar desconocimiento, o ser meros espectadores de una práctica continuada, diseñada y dirigida para HACER EXACTAMENTE LO MISMO QUE EN MARBELLA.
El resultado de la política gilista en Marbella y Estepona es, además, exactamente el mismo. Cantidades nunca justificadas, beneficios increíbles que siempre caen de unas cuantas empresas, las de los amigos. Y todo ello, además, con el deterioro irreparable del medio físico, la pérdida de calidad de vida de los ciudadanos que se encuentran sin equipamientos sociales acordes a los crecimientos desmesurados de la población. La ruina económica de los ayuntamientos por donde se han paseado cual Atila y el lastre de medios de comunicación públicos al servicio de la propaganda y plantillas sobredimensionadas plagadas de adeptos y estómagos agradecidos.
La pérdida de la mayoría absoluta del GIL en 1999 abrió puertas a la esperanza de que no se repitiese el modelo marbellí, pero el cuatripartito tan solo fue un corto paréntesis que ni tan siquiera pudo librarse mínimamente del lastre acumulado durante los años siguientes. Y gran parte de la culpa de que esto pasase la tienen los partidos políticos tradicionales.
4.- Análisis de las claves de un pacto de silencio. La actual clase política local, incluyendo a todos los partidos del arco democrático PSOE, PP, PA e IU han sido socios del GIL y cómplices activos o pasivos de sus manejos.
Si algo hay diferente entre lo sucedido en Marbella y Estepona no es la consecuencia final de las políticas gilistas. Lo que lo hace diferente es la posición de los partidos políticos de la localidad que, mirando exclusivamente mezquinos intereses inmediatos, han permitido que el gilismo nunca haya dejado de tener claves reales sobre el gobierno de la localidad.
La moción de censura del PP junto con siete concejales gilistas colocó en la Delegación de Urbanismo a Víctor Sánchez Pinacho, factótum de la política gilista durante 1995-1999. Y el pacto de Izquierda Unida y Partido Socialista colocaron como alcalde de hecho a José Ignacio Crespo, que ocupó la misma responsabilidad durante el mandato gilista.
En Estepona, se ha producido un fenómeno que podría calificarse de “Blanqueo de Concejales”. Mediante la adquisición de un carné de partido demócrata, como en el caso de los afiliados al PP, o mediante la incorporación como socios al gobierno, en el caso de los gilistas del PES.
De cualquiera de las dos formas, la realidad es que se ha convertido en demócratas a los populistas. En honestos políticos a los empleados de Jesús Gil. Y evidentemente, en tonterías, pecata minuta, pelillos a la mar, el expolio sistemático de las arcas públicas cometidos durante la época GIL. Y justo eso es lo que pretenden vendernos todos los partidos políticos. No hay delitos en los casos investigados por el Tribunal de Cuentas y no hay más responsabilidades que un mero alcance contable que le puede pasar a cualquiera en estos mismos casos.
La realidad, palmaria, evidente, es que es posible que sí se hayan cometido delitos, y es evidente que las prácticas detectadas por el Tribunal de Cuentas no son meros errores o traspapeleo, sino una política continuada de expolio.
Convocatoria no tiene ningún compromiso con los gilistas ni con el gilismo. No ha formado parte de ningún gobierno, ni pacto, ni acuerdo ni con los gilistas ni con el gilismo. Y eso, además, nunca va a pasar. Por eso mismo podemos decir que Convocatoria no renuncia a investigar todas las responsabilidades, incluso penales, que se hayan podido cometer contra el patrimonio de nuestro pueblo. En nuestro caso, sin duda alguna, caiga quien caiga.
1.- Los procesos por alcance contable que sigue el Tribunal de Cuentas del Reino contra los administradores de las sociedades municipales en Estepona. La participación y la responsabilidad de los concejales gilistas investigados.
El Tribunal de Cuentas del Reino emitió, con fecha 25/04/2003, Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Estepona y sus sociedades mercantiles asociadas durant el período 1995-1999, que coincide, casi en su totalidad, con el mandato del gobierno GIL en la localidad.
El informe detectaba numerosas irregularidades en la gestión gilista del complejo entramado societario creado, precisamente, para enmascarar una gestión de lo público opaca, que primaba los intereses personales de ciertas personas y sociedades en lugar del legítimo interés público.
De la relación, extensa y de variado tipo, de irregularidades detectadas en el informe del Tribunal de Cuentas en cuanto a la gestión del Ayuntamiento se puede deducir la clara intención de no someter a los criterios de leegalidad, eficacia, y economía de medios la gestión municipal. Mediante una práctica deliberada de ocultamiento, opacidad y complejidad artificiosa pretendían, a todas luces, el enriquecimiento de ellos mismos y sus asociados. Y decimos esto con todas las consecuencias. En el Ayuntamiento de Estepona, y en las empresas, creadas por el GIL se han vulnerado todos los preceptos de custodia, de rigor, de publicidad y de economía en la gestión, produciéndose por tanto pagos indebidos, enriquecimiento ilegítimo de las empresas amigas y, por supuesto, cobro de cantidades por parte de los responsables políticos de estos hechos por eso mismo, por ser parte necesaria para la consumación de los mismos.
Creemos importante dejar claro con esto que no se trata, como se nos ha querido vender, de una anormalidad puntual, de un error humano o de un pequeño desfase de documentos o números. Se trata, y al Informe de Fiscalización nos remitimos, de una práctica continuada y deliberada de la omisión inexcusable de mantener la legalidad en la custodia de los intereses públicos.
Derivado de este informe, el Tribunal de Cuentas ha iniciado procesos por ALCANCE CONTABLE, que significa que ha detectado irregularidades por PAGOS NO JUSTIFICADOS o PAGOS INDEBIDOS. No se trata, por tanto, de meros asuntos de papeles, sino de averiguar cómo y por qué dineros públicos han llegado a manos que, o no han justificado o no deberían haber recibido esos importes jamás. En el caso de los pagos indebidos podemos explictar el cobro directo, por parte de concejales y cargos políticos, de INGRESOS POR ASISTENCIA A INEXISTENTES COMISIONES DE ÓRGANOS COLEGIADOS. En este caso, y utilizando la acepción 4 del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, podemos hablar, con propiedad, de CORRUPCIÓN. Pegamos aquí el citado texto del DRAE: “Corrupción: 4. f. Der. En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.”
La puesta en conocimiento de las actuaciones del Tribunal de Cuentas, y la más que previsible desidia de los partidos políticos de Estepona nos ha llevado a los miembros de Convocatoria a personarnos en las causas pendientes, con el objetivo de la DEFENSA DE LOS INTERESES PÚBLICOS, sin condiciones, sin compromisos con ninguno de los encausados, sin máscaras. Convocatoria es el ÚNICO colectivo local que ha presentado demandas para RECUPERAR EL TOTAL QUEBRANTO A LOS INTERESES PÚBLICOS presuntamente provocado por la gestión gilista.
Así mismo, anunciamos que no descartamos la iniciación de medidas que en el ámbito de lo penal puedan haberse producido a nuestro entender, y dejar claro, meridianamente, que la CORRUPCIÓN POLÍTICA puede tener, o no, trascendencia penal.
2.- La supuesta connivencia y complicidad del equipo de gobierno actual (PSOE, GIL-PES, y PA) con los investigados y el interés en salvar las responsabilidades de los presuntos responsables aún contra los intereses legítimos del municipio.
Es importante reseñar que “Convocatoria” se ha visto obligada a personarse en las causas por la desidia, desinterés o incluso connivencia cómplice del
Ayuntamiento con los malos gestores pertenecientes al GIL, actuales socios de gobierno del PSOE y PA.
“CONVOCATORIA”, aún a costa de un considerable esfuerzo para una formación política pequeña, de trabajadores, sin empresarios que patrocinen nuestros actos y actividades, decide presentar demandas por alcance contable POR LA TOTALIDAD de las cantidades reclamadas por las liquidaciones provisionales presentadas por el Tribunal de Cuentas. El Ayuntamiento, a través de los liquidadores de las empresas municipales y sus abogados pretenden exculpar y justificar hasta EL 90% de las cantidades reclamadas por el Tribunal de Cuentas. Aún después de que todas las alegaciones presentadas en las diferentes etapas procesales hayan sido insuficientes e ineficaces ante el Tribunal de Cuentas. Así, el abogado de las empresas municipales es capaz de sostener que están debidamente justificados pagos amparados en ACTAS PRESUNTAMENTE FALSEADAS, PEGADAS A LOS LIBROS ORIGINALES. O dar como válidos presuntos contratos profesionales REDACTADOS Y FIRMADOS DESPUÉS DEL INICIO DE LAS INVESTIGACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, y que se aportan en el periodo de alegaciones careciendo de cualquier registro o fe pública que atestigue su autenticidad.
Se llega al descaro cuando el abogado presuntamente defensor de los intereses públicos es capaz de admitir como válida una operación que consiste en la entrega de una finca propiedad municipal a una sociedad relacionada directamente con el entonces Alcalde Jesús Gil Marín SIN NINGUNA CONTRAPRESTACIÓN ACREDITADA. El incremento patrimonial de la citada sociedad, Cyrus Field, puede calificarse de escandaloso en muy poco tiempo.
Otra de las desvergonzadas estrategias de la supesta “defensa pública” es intentar culpar a un fallecido, el Sr. Quero, exgerente de las empresas municipales, alegando que todo fue responsabilidad directa suya, y en todo caso, la subsidiaria sería de los cargos políticos. La realidad es que el Sr. Quero, en todo caso, fue un MERO EJECUTOR de las órdenes políticas recibidas por sus superiores jerárquicos, AUTÉNTICOS RESPONSABLES de la mala gestión, de la deliberada trama de ocultación e intriga pergeñada para perjudicar al pueblo de Estepona. El acusar a un muerto para salvar las propias responsabilidades es, desde cualquier punto de vista, además de una falsedad y una maniobra artera, una iniquidad propia de personajes de baja calaña moral y política.
La connivencia del Ayuntamiento en la exculpación de sus socios de gobierno es pues evidente. En lugar intentar la recuperación del daño sufrido por las arcas públicas, los gestores municipales, entre los que se encuentran los causantes del supuesto daño, intentan minimizar, ocultar o dificultar la actuación del Tribunal de Cuentas.
El colmo del despropósito municipal se produce con el nombramiento como abogado defensor del patrimonio público al que aún hoy sigue siendo abogado de los Sres. Crespo y García en otros procedimientos en los que la parte contraria era el propio Ayuntamiento por medio de otra sociedad pública. ¿A quién defiende el abogado de las empresas? ¿A los intereses municipales o a los intereses de los que participaron en estos hechos?.
¿Qué pretende el Alcalde y su equipo de gobierno? ¿La restitución del perjuicio sufrido por el bien público o la exculpación de los coyunturales socios?. Esto tendrá que ser explicado muy claramente.
3.- El modelo GIL en Marbella y Estepona: Reflejo de una misma forma de hacer política y unos mismos objetivos. El caso “Saqueo Estepona”.
Aunque se intente dar la impresión de que los casos investigados por el Tribunal de Cuentas son meros accidentes de una práctica normal en la administración pública, la realidad es que no es en absoluto así. Como se desprende de los informes de fiscalización, de la historia y de la mera observación de la realidad, el entramado contable y financiero constituido en Estepona tiene un patrón bien definido.
Y no es otro que el copiado exacto de la estructura montada en MARBELLA que propició el famoso “Caso Saqueo” y todas las actividades ilícitas que han llevado a la cárcel a tres alcaldes, inhabilitado a otro y procesados, condenados o imputados una cantidad ingente de otros.
En todos los casos se dan circunstancias parecidas. Han sido o son aún militantes del PARTIDO GIL, o han cogobernado con ellos, como en el caso de los imputados en Manilva.
Además, también en todos los casos, la estructura de funcionamiento ha sido diseñada por los también condenados gilistas Jesús Gil Gil, José Luis Sierra y Pedro Román. Es de reseñar que tenemos constancia exacta de las instrucciones directas de José Luis Sierra a la hora de diseñar el entramado esteponero.
Aunque pueda ser cierto que dentro del gilismo haya habido personas bien intencionadas, inocentes de toda culpa, no es menos cierto que a ciertos niveles de la cúpula del gilismo no se puede alegar ignorancia o buena fe. Los que estaban arriba sabían de qué se trataba, a qué se estaba jugando. Negarlo sería negar nuestra propia inteligencia. El que fuera Secretario General del GIL y exCandidato a la Junta de Andalucía, José Ignacio Crespo, o los que fueron depositarios de la confianza directa del hijo del Jefe, Sánchez Pinacho y Antolín García no pueden alegar desconocimiento, o ser meros espectadores de una práctica continuada, diseñada y dirigida para HACER EXACTAMENTE LO MISMO QUE EN MARBELLA.
El resultado de la política gilista en Marbella y Estepona es, además, exactamente el mismo. Cantidades nunca justificadas, beneficios increíbles que siempre caen de unas cuantas empresas, las de los amigos. Y todo ello, además, con el deterioro irreparable del medio físico, la pérdida de calidad de vida de los ciudadanos que se encuentran sin equipamientos sociales acordes a los crecimientos desmesurados de la población. La ruina económica de los ayuntamientos por donde se han paseado cual Atila y el lastre de medios de comunicación públicos al servicio de la propaganda y plantillas sobredimensionadas plagadas de adeptos y estómagos agradecidos.
La pérdida de la mayoría absoluta del GIL en 1999 abrió puertas a la esperanza de que no se repitiese el modelo marbellí, pero el cuatripartito tan solo fue un corto paréntesis que ni tan siquiera pudo librarse mínimamente del lastre acumulado durante los años siguientes. Y gran parte de la culpa de que esto pasase la tienen los partidos políticos tradicionales.
4.- Análisis de las claves de un pacto de silencio. La actual clase política local, incluyendo a todos los partidos del arco democrático PSOE, PP, PA e IU han sido socios del GIL y cómplices activos o pasivos de sus manejos.
Si algo hay diferente entre lo sucedido en Marbella y Estepona no es la consecuencia final de las políticas gilistas. Lo que lo hace diferente es la posición de los partidos políticos de la localidad que, mirando exclusivamente mezquinos intereses inmediatos, han permitido que el gilismo nunca haya dejado de tener claves reales sobre el gobierno de la localidad.
La moción de censura del PP junto con siete concejales gilistas colocó en la Delegación de Urbanismo a Víctor Sánchez Pinacho, factótum de la política gilista durante 1995-1999. Y el pacto de Izquierda Unida y Partido Socialista colocaron como alcalde de hecho a José Ignacio Crespo, que ocupó la misma responsabilidad durante el mandato gilista.
En Estepona, se ha producido un fenómeno que podría calificarse de “Blanqueo de Concejales”. Mediante la adquisición de un carné de partido demócrata, como en el caso de los afiliados al PP, o mediante la incorporación como socios al gobierno, en el caso de los gilistas del PES.
De cualquiera de las dos formas, la realidad es que se ha convertido en demócratas a los populistas. En honestos políticos a los empleados de Jesús Gil. Y evidentemente, en tonterías, pecata minuta, pelillos a la mar, el expolio sistemático de las arcas públicas cometidos durante la época GIL. Y justo eso es lo que pretenden vendernos todos los partidos políticos. No hay delitos en los casos investigados por el Tribunal de Cuentas y no hay más responsabilidades que un mero alcance contable que le puede pasar a cualquiera en estos mismos casos.
La realidad, palmaria, evidente, es que es posible que sí se hayan cometido delitos, y es evidente que las prácticas detectadas por el Tribunal de Cuentas no son meros errores o traspapeleo, sino una política continuada de expolio.
Convocatoria no tiene ningún compromiso con los gilistas ni con el gilismo. No ha formado parte de ningún gobierno, ni pacto, ni acuerdo ni con los gilistas ni con el gilismo. Y eso, además, nunca va a pasar. Por eso mismo podemos decir que Convocatoria no renuncia a investigar todas las responsabilidades, incluso penales, que se hayan podido cometer contra el patrimonio de nuestro pueblo. En nuestro caso, sin duda alguna, caiga quien caiga.
LA REPERCUSIÓN EN PRENSA
DIARIO SUR DE MÁLAGA
Denuncian que el Ayuntamiento y las sociedades "reclaman una mínima parte" de los 12 millones de euros sin justificar durante el gobierno del GIL
SANTIAGO MANCHADO. ESTEPONA
DIARIO SUR DE MÁLAGA
Un colectivo personado en el TdC critica la cifra que el Consistorio pide a las sociedades
Dicen que las demandas del abogado de las empresas del GIL, a las que se adhiere el Ayuntamiento, es inferior a las que el órgano fiscalizador encuentra sin justificar Los representantes de Convocatoria aseguran que el letrado de la defensa de los entes públicos representa a dos de los administradores en otro proceso abierto
El proceso que mantiene abierto el Tribunal de Cuentas (TdC) para investigar el destino final de determinadas cantidades sin justificar en las sociedades municipales de la era GIL en el Ayuntamiento de Estepona (1995-1999) ha entrado en la fase de enjuiciamiento, que permite formular demandas para reclamar estas cifras. El colectivo Convocatoria -partido político en constitución- se ha personado para ejercer la acción pública en los procesos abiertos por el máximo órgano fiscalizador al no estar de acuerdo con las reclamaciones realizadas desde las empresas municipales por el liquidador de las sociedades y a las que se adherió el Consistorio esteponero.
En concreto, se refieren a las de las sociedades en liquidación Planeamiento Estepona XXI, Compras Estepona XXI y Servicios Estepona XXI, donde hay pendientes de justificar, según el TdC, casi dos millones de euros, de los que el abogado de las empresas ha reclamado unos 360.000 euros.
El mismo abogado
Lo cierto es que para el colectivo resulta «curioso» que el letrado que está elaborando las demandas contra los que fueran administradores de las sociedades municipales durante la era GIL, José Ignacio Crespo, Antolín González (ambos con responsabilidades como concejales en el equipo de gobierno) y Víctor Sánchez Pinacho sea el mismo que defiende a los dos ediles en el proceso abierto tras la denuncia realizada por el cuatripartito cuando quebró la empresa Servicios Estepona XXI. Es más, aseguran que no entienden por qué el Ayuntamiento se ha adherido a las demandas realizadas por el letrado de las sociedades municipales en lugar de buscar a un profesional independiente y externo. «El alcalde no defiende los intereses de los ciudadanos sino los de sus socios de gobierno del PES», criticó el portavoz del colectivo, Gerardo Galán.
Es más, Galán critica que el Ayuntamiento, a través de los liquidadores de las empresas municipales y sus abogados pretendan exculpar y justificar hasta el 90% de las cantidades reclamadas por el Tribunal de Cuentas.
Por su parte, el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, aseguró en declaraciones a Efe que el abogado que elabora las demandas de las sociedades es el que le recomendó la asesoría jurídica municipal y añadió que el letrado realiza las demandas basándose en el trabajo del liquidador de las sociedades.
Justificaciones
El representante de Convocatoria explicó: «El abogado de las empresas municipales es capaz de sostener que están debidamente justificados pagos amparados en actas presuntamente falseadas, pegadas a los libros originales o dar como válidos presuntos contratos profesionales redactados y firmados después del inicio de las investigaciones».
En este sentido, el portavoz de Convocatoria indicó que la acción pública de este colectivo quiere exigir además que se pida la responsabilidad principal a los administradores de las sociedades municipales en lugar de al ex gerente de las mismas, Antonio López Quero, ya fallecido. «Quero fue un mero ejecutor de las órdenes políticas recibidas por sus superiores», agregó Galán. Según la abogada del colectivo Inmaculada González, esa estrategia es la misma que pretendió aplicar Julián Muñoz en Marbella sin éxito.
Dicen que las demandas del abogado de las empresas del GIL, a las que se adhiere el Ayuntamiento, es inferior a las que el órgano fiscalizador encuentra sin justificar Los representantes de Convocatoria aseguran que el letrado de la defensa de los entes públicos representa a dos de los administradores en otro proceso abierto
El proceso que mantiene abierto el Tribunal de Cuentas (TdC) para investigar el destino final de determinadas cantidades sin justificar en las sociedades municipales de la era GIL en el Ayuntamiento de Estepona (1995-1999) ha entrado en la fase de enjuiciamiento, que permite formular demandas para reclamar estas cifras. El colectivo Convocatoria -partido político en constitución- se ha personado para ejercer la acción pública en los procesos abiertos por el máximo órgano fiscalizador al no estar de acuerdo con las reclamaciones realizadas desde las empresas municipales por el liquidador de las sociedades y a las que se adherió el Consistorio esteponero.En concreto, se refieren a las de las sociedades en liquidación Planeamiento Estepona XXI, Compras Estepona XXI y Servicios Estepona XXI, donde hay pendientes de justificar, según el TdC, casi dos millones de euros, de los que el abogado de las empresas ha reclamado unos 360.000 euros.
El mismo abogado
Lo cierto es que para el colectivo resulta «curioso» que el letrado que está elaborando las demandas contra los que fueran administradores de las sociedades municipales durante la era GIL, José Ignacio Crespo, Antolín González (ambos con responsabilidades como concejales en el equipo de gobierno) y Víctor Sánchez Pinacho sea el mismo que defiende a los dos ediles en el proceso abierto tras la denuncia realizada por el cuatripartito cuando quebró la empresa Servicios Estepona XXI. Es más, aseguran que no entienden por qué el Ayuntamiento se ha adherido a las demandas realizadas por el letrado de las sociedades municipales en lugar de buscar a un profesional independiente y externo. «El alcalde no defiende los intereses de los ciudadanos sino los de sus socios de gobierno del PES», criticó el portavoz del colectivo, Gerardo Galán.
Es más, Galán critica que el Ayuntamiento, a través de los liquidadores de las empresas municipales y sus abogados pretendan exculpar y justificar hasta el 90% de las cantidades reclamadas por el Tribunal de Cuentas.
Por su parte, el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, aseguró en declaraciones a Efe que el abogado que elabora las demandas de las sociedades es el que le recomendó la asesoría jurídica municipal y añadió que el letrado realiza las demandas basándose en el trabajo del liquidador de las sociedades.
Justificaciones
El representante de Convocatoria explicó: «El abogado de las empresas municipales es capaz de sostener que están debidamente justificados pagos amparados en actas presuntamente falseadas, pegadas a los libros originales o dar como válidos presuntos contratos profesionales redactados y firmados después del inicio de las investigaciones».
En este sentido, el portavoz de Convocatoria indicó que la acción pública de este colectivo quiere exigir además que se pida la responsabilidad principal a los administradores de las sociedades municipales en lugar de al ex gerente de las mismas, Antonio López Quero, ya fallecido. «Quero fue un mero ejecutor de las órdenes políticas recibidas por sus superiores», agregó Galán. Según la abogada del colectivo Inmaculada González, esa estrategia es la misma que pretendió aplicar Julián Muñoz en Marbella sin éxito.
DIARIO MÁLAGA COSTA DEL SOL
Critican que se reclame sólo una parte del dinero injustificado
El Ayuntamiento de Estepona tan sólo reclama “una parte” del dinero sin justificar en las sociedades municipales fiscalizadas durante el periodo gobernado por el Grupo Independiente Liberal (GIL) en la localidad (1995-1999), según denunció ayer un colectivo de ciudadanos ‘Convocatoria’ que están personados como acción pública en todos los procedimientos abiertos por el Tribunal de Cuentas y exigen la restitución de todo el alcance fiscal.
El portavoz del colectivo, Gerardo Galán, explicó que ‘Convocatoria’ ha decidido presentar demandas contra los administradores de las sociedades en liquidación -los actuales ediles del PES, José Ignacio Crespo y Antolín González Quintana, y el ex GIL Víctor Sánchez Pinacho- “al no estar de acuerdo con las cantidades reclamadas por el abogado de las sociedades y el Consistorio”.
En este sentido, la abogada del colectivo ciudadano, Inmaculada González, denunció un “desfase” entre las cantidades reclamadas por el abogado de las empresas y el Ayuntamiento del municipio, que se adhirió a sus demandas el pasado mes de diciembre. En concreto, el Consistorio reclama a los administradores de Planificación Estepona XXI, 205.000 euros, a pesar de que el alcance contable es de 1,05 millones de euros, según los datos aportados por González.
En cuanto a Compras Estepona XXI, se les reclama 61.663 euros a pesar de que el alcance fiscal asciende a 513.978 euros. En cuanto al resto de las sociedades, “esperamos que se abra pronto el periodo para la presentación de las demandas”, manifestó González. Galán afirmó que el abogado de las sociedades en liquidación, Guillermo Álvarez, “es el mismo letrado que defiende a Crespo y a Antolín González”.
Detectan más de 1,5 millones sin justificar en Estepona
Un colectivo personado como acusación pública en el caso denunció ayer que el Ayuntamiento tan sólo ha reclamado 261.000 euros del total de las cantidades que no acreditaron ni Planeamiento ni Compras
A pesar de que el Tribunal de Cuentas ha detectado más de 1,5 millones de euros pendientes de justificar en las cuentas de dos de las empresas municipales creadas en Estepona entre 1995 y 1999 bajo el mandato del GIL, el Ayuntamiento tan sólo ha presentado demandas por 261.000 euros.
Según denunció ayer un colectivo vecinal que ejerce la acción pública al no estar de acuerdo con las reclamaciones del Ayuntamiento, en el caso de la empresa de Planeamiento el abogado de las sociedades sólo ha reclamado 200.000 euros de 1.054.000 euros que el órgano fiscalizador encuentra pendiente de justificación, mientras que en el caso de la empresa Compras, el alcance contable del Tribunal considera que hay 513.000 euros injustificados de los cuales tan sólo se han reclamado 61.000.
Uno de los personados en la acción pública, Gerardo Galán, aseguró ayer que se pretenden justificar cantidades "mediante actas presuntamente falseadas que aparecen pegadas a los libros originales o mediante contratos profesionales aparentemente redactados y firmados después del inicio de las investigaciones del Tribunal de Cuentas y que se aportan en el periodo de alegaciones careciendo de cualquier registro o fe pública que atestigüe su autenticidad".
Galán calificó de curioso el hecho de que el abogado que está elaborando las demandas contra los que fueran administradores de las sociedades municipales, es decir, contra José Ignacio Crespo (PES), Antolín González (PES) y Víctor Sánchez Pinacho, sea el mismo que el que defendió a Crespo y González cuando el cuatripartito los demandó en 1999 después de que quebraran las empresas municipales. Además, según explicó Galán, "también se encargó este letrado de recurrir nuestra personación en el Tribunal de Cuentas", intento que no fructificó.
Por su parte el alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), que gobierna junto al PES y al PA, aseguró que el abogado que elabora las demandas de las sociedades es el que le recomendó la asesoría jurídica municipal, y añadió que el letrado "realiza las demandas basándose en el trabajo del liquidador de las sociedades". Además, Barrientos insistió en que el Ayuntamiento "no sólo se adhiere a estas demandas, sino que hará suyas las actuaciones que emprenda el Ministerio Fiscal". A este respecto la abogada y otro de los particulares personados, Inmaculada González, aclaró que una vez que el Ayuntamiento, la acusación pública y el abogado de las empresas se personan, el Ministerio Fiscal no demanda sino que sólo presenta alegaciones, por lo que a su juicio, "el alcalde no puede escudarse en lo que vaya a hacer el fiscal porque aquí éste no actúa como parte activa, por lo tanto el Ayuntamiento lo que debe hacer es preocuparse de defender el interés general".
Por otra parte, la acción pública exige también que se pida la responsabilidad principal a los administradores de las sociedades municipales en lugar de a su gerente, el fallecido Antonio López Quero. Según González, "esa estrategia es la misma que pretendió aplicar Julián Muñoz en Marbella sin éxito", a lo que añadió que son los administradores los que tienen la obligación legal de rendir cuentas.
Desde el citado colectivo aseguraron no entender por qué el Ayuntamiento se ha adherido a las demandas realizadas por el abogado de las sociedades municipales "en lugar de buscar a un letrado independiente y externo que reclame el total de las cantidades pendientes de justificación".
El Ayuntamiento de Estepona tan sólo reclama “una parte” del dinero sin justificar en las sociedades municipales fiscalizadas durante el periodo gobernado por el Grupo Independiente Liberal (GIL) en la localidad (1995-1999), según denunció ayer un colectivo de ciudadanos ‘Convocatoria’ que están personados como acción pública en todos los procedimientos abiertos por el Tribunal de Cuentas y exigen la restitución de todo el alcance fiscal.
El portavoz del colectivo, Gerardo Galán, explicó que ‘Convocatoria’ ha decidido presentar demandas contra los administradores de las sociedades en liquidación -los actuales ediles del PES, José Ignacio Crespo y Antolín González Quintana, y el ex GIL Víctor Sánchez Pinacho- “al no estar de acuerdo con las cantidades reclamadas por el abogado de las sociedades y el Consistorio”.En este sentido, la abogada del colectivo ciudadano, Inmaculada González, denunció un “desfase” entre las cantidades reclamadas por el abogado de las empresas y el Ayuntamiento del municipio, que se adhirió a sus demandas el pasado mes de diciembre. En concreto, el Consistorio reclama a los administradores de Planificación Estepona XXI, 205.000 euros, a pesar de que el alcance contable es de 1,05 millones de euros, según los datos aportados por González.
En cuanto a Compras Estepona XXI, se les reclama 61.663 euros a pesar de que el alcance fiscal asciende a 513.978 euros. En cuanto al resto de las sociedades, “esperamos que se abra pronto el periodo para la presentación de las demandas”, manifestó González. Galán afirmó que el abogado de las sociedades en liquidación, Guillermo Álvarez, “es el mismo letrado que defiende a Crespo y a Antolín González”.
DIARIO MÁLAGA HOY
Detectan más de 1,5 millones sin justificar en Estepona
Un colectivo personado como acusación pública en el caso denunció ayer que el Ayuntamiento tan sólo ha reclamado 261.000 euros del total de las cantidades que no acreditaron ni Planeamiento ni Compras
A pesar de que el Tribunal de Cuentas ha detectado más de 1,5 millones de euros pendientes de justificar en las cuentas de dos de las empresas municipales creadas en Estepona entre 1995 y 1999 bajo el mandato del GIL, el Ayuntamiento tan sólo ha presentado demandas por 261.000 euros.
Según denunció ayer un colectivo vecinal que ejerce la acción pública al no estar de acuerdo con las reclamaciones del Ayuntamiento, en el caso de la empresa de Planeamiento el abogado de las sociedades sólo ha reclamado 200.000 euros de 1.054.000 euros que el órgano fiscalizador encuentra pendiente de justificación, mientras que en el caso de la empresa Compras, el alcance contable del Tribunal considera que hay 513.000 euros injustificados de los cuales tan sólo se han reclamado 61.000.
Uno de los personados en la acción pública, Gerardo Galán, aseguró ayer que se pretenden justificar cantidades "mediante actas presuntamente falseadas que aparecen pegadas a los libros originales o mediante contratos profesionales aparentemente redactados y firmados después del inicio de las investigaciones del Tribunal de Cuentas y que se aportan en el periodo de alegaciones careciendo de cualquier registro o fe pública que atestigüe su autenticidad".
Galán calificó de curioso el hecho de que el abogado que está elaborando las demandas contra los que fueran administradores de las sociedades municipales, es decir, contra José Ignacio Crespo (PES), Antolín González (PES) y Víctor Sánchez Pinacho, sea el mismo que el que defendió a Crespo y González cuando el cuatripartito los demandó en 1999 después de que quebraran las empresas municipales. Además, según explicó Galán, "también se encargó este letrado de recurrir nuestra personación en el Tribunal de Cuentas", intento que no fructificó.
Por su parte el alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), que gobierna junto al PES y al PA, aseguró que el abogado que elabora las demandas de las sociedades es el que le recomendó la asesoría jurídica municipal, y añadió que el letrado "realiza las demandas basándose en el trabajo del liquidador de las sociedades". Además, Barrientos insistió en que el Ayuntamiento "no sólo se adhiere a estas demandas, sino que hará suyas las actuaciones que emprenda el Ministerio Fiscal". A este respecto la abogada y otro de los particulares personados, Inmaculada González, aclaró que una vez que el Ayuntamiento, la acusación pública y el abogado de las empresas se personan, el Ministerio Fiscal no demanda sino que sólo presenta alegaciones, por lo que a su juicio, "el alcalde no puede escudarse en lo que vaya a hacer el fiscal porque aquí éste no actúa como parte activa, por lo tanto el Ayuntamiento lo que debe hacer es preocuparse de defender el interés general".
Por otra parte, la acción pública exige también que se pida la responsabilidad principal a los administradores de las sociedades municipales en lugar de a su gerente, el fallecido Antonio López Quero. Según González, "esa estrategia es la misma que pretendió aplicar Julián Muñoz en Marbella sin éxito", a lo que añadió que son los administradores los que tienen la obligación legal de rendir cuentas.
Desde el citado colectivo aseguraron no entender por qué el Ayuntamiento se ha adherido a las demandas realizadas por el abogado de las sociedades municipales "en lugar de buscar a un letrado independiente y externo que reclame el total de las cantidades pendientes de justificación".
LA OPINIÓN DE MÁLAGA
TRIBUNALES. El abogado de las empresas también lo fue de dos de los administradores Acusan a Barrientos de exigir sólo parte de la deuda del GILDenuncian que el Ayuntamiento y las sociedades "reclaman una mínima parte" de los 12 millones de euros sin justificar durante el gobierno del GIL
SANTIAGO MANCHADO. ESTEPONA
El Ayuntamiento de Estepona tan sólo reclama "una mínima parte" del dinero sin justificar en las sociedades municipales fiscalizadas durante el período gobernado por el GIL (1995-1999), denunció ayer un colectivo de ciudadanos denominado Convocatoria, que se ha personado como acción pública en todos los procedimientos abiertos por el Tribunal de Cuentas y que exige la restitución a las arcas municipales de todo el importe del alcance fiscal (12 millones de euros).
El portavoz de dicho colectivo, Gerardo Galán, explicó que se han personado en los procesos "ante la desidia de los partidos políticos, a raíz del presunto daño causado por los administradores de las empresas públicas a los fondos municipales".
Por este motivo, Convocatoria ha presentado demandas contra los administradores de las sociedades en liquidación (los actuales integrantes del equipo de gobierno José Ignacio Crespo y Antolín González y el ex GIL Víctor Sánchez Pinacho), "al no estar de acuerdo con las cantidades que les reclama el abogado de las empresas, Guillermo Bonifacio Álvarez, y el Ayuntamiento".
En este sentido, la abogada del colectivo, Inmaculada González, explicó que el Consistorio reclama a los administradores de Planificación Estepona XXI 205.000 euros, a pesar de que el alcance contable es de 1,05 millones de euros. En cuanto a Compras Estepona XXI, sólo se le solicita 61.663 euros, aunque el dinero sin justificar asciende a 513.978 euros. Por último, en Servicios Estepona XXI, el alcance es de 400.000 euros, pero sólo se pide 100.000 euros. Aún no se ha abierto el período para presentar demandas para las otras empresas.
"Esto se explica porque el abogado de las sociedades es el mismo que defiende a Crespo en el proceso por la quiebra de Servicios Estepona XXI, por lo que no deja de ser llamativo que pueda defender sus intereses en un proceso y en otro ir contra él", estimó Galán.
Además, criticó que Bonifacio Álvarez considere "justificados los pagos amparados en actas presuntamente falseadas, pegadas a los libros originales, o dé validez a presuntos contratos firmados tras el inicio de las investigaciones".
Por su parte, el alcalde, Antonio Barrientos, respondió que el abogado "es el recomendado por la asesoría jurídica" y elabora las demandas "basándose en los informes que realiza el liquidador de las sociedades".
Convocatoria, que se está constituyendo como partido político, pretende, a través de la acción pública, exigir la principal responsabilidad a los administradores de las sociedades del GIL, ya que "la estrategia de la defensa pública es responsabilizar al gerente, Antonio López Quero, ya fallecido", intuyó la abogada.
El portavoz de dicho colectivo, Gerardo Galán, explicó que se han personado en los procesos "ante la desidia de los partidos políticos, a raíz del presunto daño causado por los administradores de las empresas públicas a los fondos municipales".
Por este motivo, Convocatoria ha presentado demandas contra los administradores de las sociedades en liquidación (los actuales integrantes del equipo de gobierno José Ignacio Crespo y Antolín González y el ex GIL Víctor Sánchez Pinacho), "al no estar de acuerdo con las cantidades que les reclama el abogado de las empresas, Guillermo Bonifacio Álvarez, y el Ayuntamiento".En este sentido, la abogada del colectivo, Inmaculada González, explicó que el Consistorio reclama a los administradores de Planificación Estepona XXI 205.000 euros, a pesar de que el alcance contable es de 1,05 millones de euros. En cuanto a Compras Estepona XXI, sólo se le solicita 61.663 euros, aunque el dinero sin justificar asciende a 513.978 euros. Por último, en Servicios Estepona XXI, el alcance es de 400.000 euros, pero sólo se pide 100.000 euros. Aún no se ha abierto el período para presentar demandas para las otras empresas.
"Esto se explica porque el abogado de las sociedades es el mismo que defiende a Crespo en el proceso por la quiebra de Servicios Estepona XXI, por lo que no deja de ser llamativo que pueda defender sus intereses en un proceso y en otro ir contra él", estimó Galán.
Además, criticó que Bonifacio Álvarez considere "justificados los pagos amparados en actas presuntamente falseadas, pegadas a los libros originales, o dé validez a presuntos contratos firmados tras el inicio de las investigaciones".
Por su parte, el alcalde, Antonio Barrientos, respondió que el abogado "es el recomendado por la asesoría jurídica" y elabora las demandas "basándose en los informes que realiza el liquidador de las sociedades".
Convocatoria, que se está constituyendo como partido político, pretende, a través de la acción pública, exigir la principal responsabilidad a los administradores de las sociedades del GIL, ya que "la estrategia de la defensa pública es responsabilizar al gerente, Antonio López Quero, ya fallecido", intuyó la abogada.
No hay comentarios:
Publicar un comentario