Otra vez vuelve a repetirse el retraso en el cobro de las empleadas de Grupo
Raga, concesionaria de la limpieza de edificios municipales en Estepona. Así,
aquello que por parte del gobierno popular del Notario siempre se ha vendido
como garantía de eficacia en la gestión y ahorro para las arcas públicas muestra
su verdadera cara: La privatización de los servicios municipales redunda,
básicamente, en el interés inmediato de las empresas adjudicatarias y arrastra a
la larga tanto inseguridad laboral para los trabajadores . A los ciudadanos nos
deja la conocida sensación de “me la están metiendo por algún lado”.
Los partidarios de una administración pública fuerte, generadora de empleo, dinamizadora de la economía local y, sobre todo, defensora del interés público por encima del de los particulares ya venimos avisando de la gravedad de la entrega en manos privadas de los servicios municipales.
Hace pocas semanas conocíamos cómo la empresa Grupo Ortiz ha sido condenada, y de manera subsidiaria el Ayuntamiento, a la readmisión de dos operarios del servicio de playas. Ambos recurrían ante la autoridad laboral por unos despidos que a la postre han resultado nulos, y que obliga a la empresa a la readmisión de los mismos. Aunque ya hemos visto cómo la reforma laboral del Partido Popular ha propiciado que también las administraciones públicas despidan a sus empleados con facilidad –recordamos la tramitación casi vertiginosa del ERE del año pasado, ya hablaremos por cierto de los jueces implicados en aquella sentencia– no es menos verdad que las empresas privadas tienen “gatillo fácil” cuando de incumplir la legalidad laboral se trata.
El Ayuntamiento de Estepona, así, sin la debida vigilancia a las empresas concesionarias y con evidente dejación de responsabilidades respecto a los que fueron sus trabajadores, asiste ya a varios episodios de retrasos en el pago y a condenas de la jurisdicción laboral contra esas empresas. Antes, hace muy poco tiempo, cerró con ellas negocios millonarios que siguen levantando tantas dudas que nos obligan a rechazar las operaciones de privatización de servicios, con más razones en este caso.
Si como dice el Notario –paladín de la desnudez extrema de la administración municipal– la privatización mejora la calidad de los servicios, garantiza los derechos de los trabajadores y además cuesta menos al ayuntamiento ¿dónde está el negocio de las empresas adjudicatarias? ¿tan mala era la gestión municipal anterior que sobra tajada para todos, y en cantidad suficiente como para acudir a los concursos como moscas a la miel?
Hay que recordar también que esa acusación de ineficacia extrema que se hace sobre la administración municipal no encaja con la práctica del Notario cuando gestionó el ERE: La mayoría de los cuadros municipales, los mejor pagados, aquellos que provenían de su partido pero también del PSOE o el GIL, siguen trabajando en el Ayuntamiento. Así que el supuesto cáncer de la gestión sigue incrustado en el municipio. Los que tan mal dirigían siguen cobrando por hacer lo mismo. Aunque estén imputados por delitos de corrupción.
Habría que preguntar si aquellos contratos de concesión guardaban sorpresas para los ciudadanos en forma de huevo de pascua para las empresas, y desde luego que nos costaría conocer el coste de los servicios facturados por, por ejemplo por Grupo Ortiz, en forma de trabajos no presupuestados, realizados por “administración” y que, aunque contemplado en el contrato y cumpliendo con la legalidad, resulten la parte del león del beneficio de esta empresa.
Cambiar una bombilla, sustituir un cristal o arreglar la cisterna de un inodoro se resolvía con la intervención de un trabajador municipal que llevaba en una cajita la herramienta y la pieza a sustituir. El coste de este servicio era el de esa pieza. Exclusivamente. ¿Qué pasa ahora con estas pequeñas reparaciones y otras de más entidad que la empresa está encantada de acometer? ¿Cuánto nos cuesta cada servicio extra que las concesionarias acometen?
Pero nuestro Ayuntamiento insiste en la privatización, que muchas veces ha recaído en empresas que suelen ganar concursos en administraciones del PP, pese al coste no explicado de la totalidad de lo facturado por las empresas y aunque están certificadas las dificultades de las empresas para mantener el compromiso contraído con los trabajadores. Un compromiso ideológico, cargado de simbolismo neoliberal y, como siempre en estos casos, acompañado de montones de dinero público. Ese que tanto le gusta a los liberales.
Los partidarios de una administración pública fuerte, generadora de empleo, dinamizadora de la economía local y, sobre todo, defensora del interés público por encima del de los particulares ya venimos avisando de la gravedad de la entrega en manos privadas de los servicios municipales.
Hace pocas semanas conocíamos cómo la empresa Grupo Ortiz ha sido condenada, y de manera subsidiaria el Ayuntamiento, a la readmisión de dos operarios del servicio de playas. Ambos recurrían ante la autoridad laboral por unos despidos que a la postre han resultado nulos, y que obliga a la empresa a la readmisión de los mismos. Aunque ya hemos visto cómo la reforma laboral del Partido Popular ha propiciado que también las administraciones públicas despidan a sus empleados con facilidad –recordamos la tramitación casi vertiginosa del ERE del año pasado, ya hablaremos por cierto de los jueces implicados en aquella sentencia– no es menos verdad que las empresas privadas tienen “gatillo fácil” cuando de incumplir la legalidad laboral se trata.
El Ayuntamiento de Estepona, así, sin la debida vigilancia a las empresas concesionarias y con evidente dejación de responsabilidades respecto a los que fueron sus trabajadores, asiste ya a varios episodios de retrasos en el pago y a condenas de la jurisdicción laboral contra esas empresas. Antes, hace muy poco tiempo, cerró con ellas negocios millonarios que siguen levantando tantas dudas que nos obligan a rechazar las operaciones de privatización de servicios, con más razones en este caso.
Si como dice el Notario –paladín de la desnudez extrema de la administración municipal– la privatización mejora la calidad de los servicios, garantiza los derechos de los trabajadores y además cuesta menos al ayuntamiento ¿dónde está el negocio de las empresas adjudicatarias? ¿tan mala era la gestión municipal anterior que sobra tajada para todos, y en cantidad suficiente como para acudir a los concursos como moscas a la miel?
Hay que recordar también que esa acusación de ineficacia extrema que se hace sobre la administración municipal no encaja con la práctica del Notario cuando gestionó el ERE: La mayoría de los cuadros municipales, los mejor pagados, aquellos que provenían de su partido pero también del PSOE o el GIL, siguen trabajando en el Ayuntamiento. Así que el supuesto cáncer de la gestión sigue incrustado en el municipio. Los que tan mal dirigían siguen cobrando por hacer lo mismo. Aunque estén imputados por delitos de corrupción.
Habría que preguntar si aquellos contratos de concesión guardaban sorpresas para los ciudadanos en forma de huevo de pascua para las empresas, y desde luego que nos costaría conocer el coste de los servicios facturados por, por ejemplo por Grupo Ortiz, en forma de trabajos no presupuestados, realizados por “administración” y que, aunque contemplado en el contrato y cumpliendo con la legalidad, resulten la parte del león del beneficio de esta empresa.
Cambiar una bombilla, sustituir un cristal o arreglar la cisterna de un inodoro se resolvía con la intervención de un trabajador municipal que llevaba en una cajita la herramienta y la pieza a sustituir. El coste de este servicio era el de esa pieza. Exclusivamente. ¿Qué pasa ahora con estas pequeñas reparaciones y otras de más entidad que la empresa está encantada de acometer? ¿Cuánto nos cuesta cada servicio extra que las concesionarias acometen?
Pero nuestro Ayuntamiento insiste en la privatización, que muchas veces ha recaído en empresas que suelen ganar concursos en administraciones del PP, pese al coste no explicado de la totalidad de lo facturado por las empresas y aunque están certificadas las dificultades de las empresas para mantener el compromiso contraído con los trabajadores. Un compromiso ideológico, cargado de simbolismo neoliberal y, como siempre en estos casos, acompañado de montones de dinero público. Ese que tanto le gusta a los liberales.
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