Denuncia al Juzgado de Guardia por llamadas de la Policía Nacional

Lo de hoy ha sido la gota que colmaba el vaso. Ya está bien de aguantar que nos estén metiendo miedo constantemente. Después de la columna del sábado, hoy me han llamado otra vez de la Policía Nacional, provocando una denuncia inevitable. 

AL JUZGADO DE GUARDIA DE ESTEPONA

GERARDO GALÁN , con DNI XXXXXXxx, vecino de Estepona, domiciliado en Xxxxxxxxxxxxx, titular del número de teléfono xxxxxxxx, ante ese Juzgado de Guardia COMPARECE Y DICE

Que durante el jueves de la semana pasada, día 20 de junio, recibió al menos 5 llamadas que no pude atender de un número de teléfono, el 952798300. De ellas dos terminaron con un mensaje en mi buzón de voz en el que una persona decía pertenecer a la Comisaría de Estepona y que tenía que hablar conmigo. Comprobado por mi parte el citado número correspondía efectivamente a la Comisaría de Policía Nacional de Estepona.

Finalmente, el viernes por la mañana pude atender la llamada proveniente de ese número, y en ella un policía, del que no recuerdo si mencionó su nombre pero sí que dijo pertenecer a la Brigada de Información, me comentó que llamaba para que le facilitase unos datos referentes al partido político en el que milito, –Espacio Verde, EVA– concretamente solicitaba una dirección electrónica de contacto.

Cuando le requerí para qué necesitaba ese dato el citado policía me dijo que “se lo había pedido el nuevo Comisario, por si necesitaba comunicarse con nosotros”, cuando insistí preguntando que para qué querría comunicarse con EVA el Comisario el funcionario exclamó “¿tiene usted algo contra nosotros?”. Le referí que no tenía nada contra ellos, pero que esos datos que quería saber eran de dominio público por estar en las webs del partido o accesibles en los registros del Ministerio del Interior, por tratarse mi partido de una entidad legal registrada debidamente como partido político.

El funcionario insistía y le recordé que no estaba obligado a cumplimentar ningún censo telefónico que me hiciese la Policía Nacional. A lo que el funcionario, mostrando ignorancia sobre el alcance de lo que estaba haciendo dijo “esto no es un censo”, viéndome obligado a aclararle que la toma de datos y la anotación de los mismos es un censo. Y señalándole también que si tanto interés tenía en comunicar conmigo o mi partido le resultaría muy fácil. De hecho, ya lo estaban haciendo llamando a mi teléfono privado. En ese momento se despidió y colgó.

Reflexionando sobre lo sucedido, y contemplando la posibilidad de que se esté realizando un censo al margen de lo establecido por la Ley Orgánica de Protección de Datos, y también para reivindicar el papel de una policía democrática en un estado de derecho, escribí mi habitual columna semanal en la prensa local refiriéndome a lo sucedido. Acompaño recorte de la misma, por si pudiese aportar luz a lo aquí relatado. De lo relatado anteriormente no se aparta ni un ápice, salvo en el contenido más “literario” y político de la misma.

Finalmente, esta mañana a las 09.49 he vuelto a recibir una llamada del número antes citado, 952798300, y de nuevo un funcionario policial me ha solicitado telefónicamente datos sobre mi adscripción política.  En este caso quería saber el cargo orgánico que ocupo dentro de mi partido, EVA. Educada pero firmemente he dicho, creo que transcribo literalmente “Váyase usted al Registro del Ministerio del Interior a enterarse” y después, tras su insistencia, le he dicho “Que se vaya usted al Registro del Ministerio del Interior y deje de molestarme para pedir datos que o son públicos o están protegidos”. En ese momento, el funcionario al habla ha exclamado, y en esta ocasión no tengo ninguna duda sobre la literalidad de su expresión “Váyase a tomar por culo”. Y ha colgado.

Por si fuese de interés, ambas conversaciones, tanto la del viernes pasado como las de esta mañana han tenido lugar en presencia de testigos, que podrían validar mi trato educado y la exactitud de mis palabras.

Por todo lo anterior, vengo a manifestar a ese Juzgado tenga en consideración lo anteriormente expuesto y realice las averiguaciones oportunas en los siguientes aspectos que como ciudadano me parecen preocupantes. 

a)      Si se pudiese estar confeccionando un censo que investigue a militantes políticos y sindicales de la localidad, con fines que desconozco pero que pudiesen vulnerar la letra y el espíritu de la Constitución Española, que en sus artículos 6 y 7 reconoce expresamente para los partidos y sindicatos su libre actividad, reflejando expresamente que  “su creación y ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley”.

b)      Si ese censo cumple la obligación de comunicarse fehacientemente a las personas y entidades incluidas en el mismo, así como el resto de obligaciones que prevee la vigente  Ley Orgánica de Protección de Datos.

c)       Si el comportamiento del funcionario policial en la conversación que ha mantenido conmigo en la que me ha exclamado “Váyase a tomar por culo” supone –además de la evidente desconsideración y falta de respeto que me merezco personalmente como cualquier otro ciudadano– alguna acción que sea reprochable de forma administrativa o penal. Sobre todo teniendo en cuenta la especial relevancia de los hechos en relación a la dignidad del cargo público que ostenta.

En todos los casos, además del citado en último lugar, solicito al Juzgado de Guardia la calificación de los hechos, por si pudiese ser constitutiva de infracción administrativa o delito, tanto contra las libertades públicas fundamentales como contra la intimidad y el honor de personas e instituciones.

Es de justicia que se solicita en Estepona a 25 de junio de 2013

Big Brother

Publicado en VIVA Estepona Información el 22/06/2013

Esta semana he tenido conocimiento, en carnes propias y por referencias, de una especie de “censo” no autorizado, seguramente ilegal, que está desarrollando la Comisaría de Estepona. Hay agentes de policía que en lugar de perseguir delincuentes dedican su tiempo, nuestro tiempo, a cumplimentar un censo en el que los militantes de las organizaciones políticas y sindicales del municipio somos los protagonistas.

Con la excusa de la aparente trivialidad que supone facilitar datos que son de dominio público, como el teléfono que se puede conseguir en las páginas blancas o la dirección de correo electrónico publicada en nuestras webs, los agentes de policía se presentan en las sedes de nuestras organizaciones o llaman hasta cinco veces al teléfono, como es mi caso.

Al parecer, el Comisario recién llegado –al que no tengo el gusto de conocer y al que seguiré sin llegar conocer por razón de su cargo si la fortuna me es propicia– ha ordenado a sus chicos de la brigada de información a cumplimentar ese listado con nuestros nombres, teléfonos y direcciones electrónicas. Y ellos, posiblemente poco dados a discutir las órdenes aunque rayen la ilegalidad como en este caso, se han dispuesto solícitos a cumplirlas, sin encomendarse a Dios ni al Diablo, sin preguntarse tampoco el por qué de ese listado. Por cierto, les recuerdo que corran a comunicarme de forma fehaciente qué datos míos tienen y en qué fichero de la Agencia Española de Protección de Datos está registrado. Les recuerdo que solo a mis amigos les permito tenerme en sus agendas telefónicas y electrónicas, y eso porque sé que no van a usar esos datos para actos comerciales o administrativos sin mi permiso.

Como he recordado antes, no cuento entre mis amistades al Comisario de Estepona, así que presupongo que si me quiere tener controlado no es para invitarme a la boda de su hija o a la barbacoa del próximo fin de semana.

Tengo que aclarar que por lo que he vivido, tanto cuando investigan mi partido –Espacio Verde EVA–, como cuando me encontré a los funcionarios policiales en la sede de mi sindicato, –Sindicato Andaluz de Trabajadores SAT–, los funcionarios demostraron amabilidad y un trato muy cordial. Tanto que pareciera que lo que hacían entraba dentro de la normalidad más cotidiana.

Sin embargo, en un estado democrático a la Policía le deberían bastar con los registros oficiales pertinentes, y como ellos saben los partidos políticos y los sindicatos son parte fundamental del ordenamiento jurídico, considerados así en la vigente constitución del 78. Como recordatorio, tanto el artículo 6 como el 7 del citado texto recuerdan que “su creación y ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos."


Creo que es el momento de indicarle tanto al Comisario de la Policía Nacional de Estepona como a los funcionarios que cumplen tan ciegamente sus órdenes que deben dejar trabajar a los militantes de sindicatos y partidos hasta tanto no incumplan la ley. Y, sin ponerme paranoico, sí que me gustaría saber si mantienen la misma diligencia estudiando partidos como el PP, que no dan muestras conocidas de democracia interna y en el que anidan y prosperan, presuntamente, algunos  delincuentes. Incluso en Estepona, por cierto.

Banderita tú eres..

Publicado en VIVA Estepona Información el 15/06/2013

Esta semana han casi coincidido en el tiempo la concesión a Estepona de diversas “banderas” en base a los méritos que acumula nuestra querida administración local. Por una parte, a nuestro querido Notario le tocó la “Bandera Verde” de la FUCI, conseguida en exclusiva por su empeño personal y el de sus huestes de aguerridos militantes.

Por otro lado, y con mérito compartido por ésta y anteriores corporaciones municipales, Ecologistas en Acción nos otorgaba sendas y tradicionales “Banderas Negras”  para las playas de La Rada y El Cristo.

Atribuyo el mérito de la bandera verde al Alcalde porque cuando algo se compra es del que lo paga. Y en este caso, el premio comprado a la fantasmal Federación de Usuarios y Consumidores Independientes no puede pertenecer más que a aquel que lo ha pagado. Nos gustaría, eso sí, conocer el importe exacto y el origen de los fondos con los que se ha retribuido a la empresa que se presenta como asociación sin ánimo de lucro. Ya sabemos que el premio es una pantomima que nada tiene que ver con ningún trabajo “verde” digno de mención. Las campañas de concienciación “premiadas” suponen una burla en el conjunto de la nefasta gestión medioambiental del municipio.

Porque las otras banderas, las negras, están asignadas por una entidad que acredita trabajo, investigación, lucha e independencia –de la buena– desde hace muchos años en todo el país. Y nos ha vuelto a señalar como el municipio en el que la mierda corre libremente por el arroyo Calancha hasta la misma playa en la que se bañan nuestros vecinos y visitantes y es distribuida generosamente por la desembocadura de La Cala o los fondos de la Playa del Cristo. También, nos recuerda, que las tareas de regeneración de las playas son atentados contra los fondos marinos, en los que se llegan a construir auténticas canteras para extraer arenas que tan fácilmente se convierten en el molesto polvo que nos aqueja cada verano.

He decidido utilizar el españolísimo vocablo para evitar malinterpretaciones o equívocos respecto a los términos usados en el expediente de Ecologistas en Acción. Ellos, mucho más educados que yo, hablan de “aguas negras”, “vertidos residuales” o “vertidos y fangos que podrían resultar tóxicos”, es decir y simplificando para nuestros lectores, mierda.

Pero, tengo que reconocerlo, la repetida entrega de las banderas negras de los ecologistas se quedará en poco más que anecdótica tras el anuncio de la vuelta a Estepona del Sr. Bardají y su equipo de arquitectos. Para el que no le conozca, se trata del redactor de aquel anteproyecto de PGOU que pretendía construir más de veinte mil viviendas nuevas en el municipio –si fuesen para habitarlas, ¿ochenta mil personas más? –, aunque viene, dice el Notario, porque no queda más remedio. Según su lectura,  la no revisión del PGOU provocaría el incumplimiento de los convenios urbanísticos firmados en base a aquella barbaridad pergeñada por el gobierno del social-ladrillismo del PSOE y los antiguos gilistas del PES.

Aprovechan estos depredadores para lanzar otra vez sobre nuestras cabezas la amenaza de la construcción como único recurso económico. Esta vez enmascarada de imperativo legal y como siempre preñada de promesas de empleo fácil. Puede que en esta ocasión los esteponeros veamos un poco más allá de escobas de oro y banderitas compradas. 

Dinero liberal

Publicado en VIVA Estepona Información el 08/06/2013

Otra vez vuelve a repetirse el retraso en el cobro de las empleadas de Grupo Raga, concesionaria de la limpieza de edificios municipales en Estepona. Así, aquello que por parte del gobierno popular del Notario siempre se ha vendido como garantía de eficacia en la gestión y ahorro para las arcas públicas muestra su verdadera cara: La privatización de los servicios municipales redunda, básicamente, en el interés inmediato de las empresas adjudicatarias y arrastra a la larga tanto inseguridad laboral para los trabajadores .  A los ciudadanos nos deja la conocida sensación de “me la están metiendo por algún lado”.

Los partidarios de una administración pública fuerte, generadora de empleo, dinamizadora de la economía local y, sobre todo, defensora del interés público por encima del de los particulares ya venimos avisando de la gravedad de la entrega en manos privadas de los servicios municipales.

Hace pocas semanas conocíamos cómo la empresa Grupo Ortiz ha sido condenada, y de manera subsidiaria el Ayuntamiento, a la readmisión de dos operarios del servicio de playas. Ambos recurrían ante la autoridad laboral por unos despidos que a la postre han resultado nulos, y que obliga a la empresa a la readmisión de los mismos. Aunque ya hemos visto cómo la reforma laboral del Partido Popular ha propiciado que también las administraciones públicas despidan a sus empleados con facilidad –recordamos la tramitación casi vertiginosa del ERE del año pasado,  ya hablaremos por cierto de los jueces implicados en aquella sentencia– no es menos verdad que las empresas privadas tienen “gatillo fácil” cuando de incumplir la legalidad laboral se trata.

El Ayuntamiento de Estepona, así, sin la debida vigilancia a las empresas concesionarias y con evidente dejación de responsabilidades respecto a los que fueron sus trabajadores, asiste ya a varios episodios de retrasos en el pago y a condenas de la jurisdicción laboral contra esas empresas. Antes, hace muy poco tiempo, cerró con ellas negocios millonarios que siguen levantando tantas dudas que nos obligan a rechazar las operaciones de privatización de servicios, con más razones en este caso.

Si como dice el Notario –paladín de la desnudez extrema de la administración municipal– la privatización mejora la calidad de los servicios, garantiza los derechos de los trabajadores y además cuesta menos al ayuntamiento ¿dónde está el negocio de  las empresas adjudicatarias?  ¿tan mala era la gestión municipal anterior que sobra tajada para todos, y en cantidad suficiente como para acudir a los concursos como moscas a la miel?

Hay que recordar también que esa acusación de ineficacia extrema que se hace sobre la administración municipal no  encaja con la práctica del Notario cuando gestionó el ERE: La mayoría de los cuadros municipales, los mejor pagados, aquellos que provenían de su partido pero también del PSOE o el GIL, siguen trabajando en el Ayuntamiento. Así que el supuesto cáncer de la gestión sigue incrustado en el municipio. Los que tan mal dirigían siguen cobrando por hacer lo mismo. Aunque estén imputados por delitos de corrupción.

Habría que preguntar si aquellos contratos de concesión guardaban sorpresas para los ciudadanos en forma de huevo de pascua para las empresas,  y desde luego que nos costaría conocer el coste de los servicios facturados por, por ejemplo por Grupo Ortiz, en forma de trabajos no presupuestados, realizados por “administración” y  que, aunque contemplado en el contrato y cumpliendo con la legalidad, resulten la parte del león del beneficio de esta empresa.

Cambiar una bombilla, sustituir un cristal o arreglar la cisterna de un inodoro se resolvía con la intervención de un trabajador municipal que llevaba en una cajita la herramienta y la pieza a sustituir. El coste de este servicio era el de esa pieza. Exclusivamente. ¿Qué pasa ahora con estas pequeñas reparaciones y otras de más entidad que la empresa está encantada de acometer? ¿Cuánto nos cuesta cada servicio extra que las concesionarias acometen?

Pero nuestro Ayuntamiento insiste en la privatización, que muchas veces ha recaído en empresas que suelen ganar concursos en administraciones del PP, pese al coste no explicado de la totalidad de lo facturado por las empresas y aunque están certificadas las dificultades de las empresas para mantener el compromiso contraído con los trabajadores.  Un compromiso ideológico, cargado de simbolismo neoliberal y, como siempre en estos casos, acompañado de montones de dinero público. Ese que tanto le gusta a los liberales.

Otra vez nos salvan

Publicado en Viva Estepona Información el 01/06/2013

 

Con la operación a tres bandas entre la Cooperativa Agrícola, el Ayuntamiento y la Iglesia Católica queda certificado el fin de la ilusión colectiva generado por el conocimiento, hace ya décadas, de la denominada Herencia Nadal Guerrero. Esteponero, si todavía eres de los que sigues esperando la Universidad de Estepona, olvídate. El dinero de la herencia, los terrenos, el tesoro y la esperanza quedan definitivamente enterrados.

Aunque podríamos decir que el fabuloso legado se perdió, la realidad no es esa. En este caso, como en todos, el dinero ni se crea ni se destruye, sino que siempre hay espabilados que están a la caza de la peseta volatinera, esa que siempre cae lejos del alcance de los más pobres.

La sociedad esteponera, confiando en unas instituciones que a lo largo de la historia han demostrado sobradamente su avaricia, permitió que el legado testamentario quedase al albur de los mandatarios de la Iglesia. Y lejos de demandar el papel determinante que el pueblo de Estepona tenía en la gestión de la misma –para las mujeres de Estepona, decía literalmente alguno de los testamentos– firmó con esa institución acuerdos que pusieron en marcha lo que a día de hoy deja a los esteponeros compuestos y sin universidad.

Hay que recordar que la Universidad de Estepona es un tema recurrente cada campaña electoral. Todos los partidos, desde la izquierda productivista hasta la derecha populista, han recurrido cada cuatro años a prometer la creación de esa entelequia universitaria que forma parte del inconsciente colectivo. No me he equivocado, no me refiero al subconsciente, sino al tonto que cada uno de mis paisanos, y yo con ellos, alberga en su interior. Ese que se cree las promesas electorales por más que de forma reiterada se incumplan tan fácil como se hacen.

Ninguno de los partidos que ha ostentado el poder en Estepona ha cedido a la tentación de prometer acuerdos con entidades públicas o con universidades privadas. Hasta con sectas ultracatólicas, como la que presentó Gil Marín a pocos días de las elecciones del 99. Todos, sin excepción, han reiterado que los fondos y la “universidad” son del pueblo, y que su inmediata instalación acabaría con todos los males que nos aquejan.

Debe ser la falta de esa universidad, que no ha permitido desarrollar nuestra inteligencia, o quizá hayan sido otras causas, lo que ha permitido que elección tras elección los esteponeros hayamos escogido a los más mentirosos de nuestros políticos, justo los que permitieron que la Iglesia haya sido la única en disfrutar de aquellos bienes que considerábamos comunes.

Ya no queda nada, el Obispo de Málaga ha anunciado que con esta última operación, “salvar” la Cooperativa, ha terminado su compromiso con Estepona. Como si alguna vez le hubiese preocupado a algún Obispo el pueblo de Estepona. Aquella cantidad ingente de tierras, transformada parcialmente en dinero, ha servido para financiar emisoras de radio como la ultramontana y reaccionaria COPE, o para enriquecer aún más a esos bancos que nos sangran cada día. También, y cerrando el círculo de la casposa España, para alimentar los sueños de grandeza de personajes como Hidalgo, que completa el póker de ases de la estrafalaria cultura del pelotazo, con El Pocero, El Gil y Gil  y El Sandokán.

Nuestro Ayuntamiento, con su imprescindible participación en el negocio tripartito, ha contribuido a que una institución histórica, continúe su absurda trayectoria hacia la ruina. Mal dirigida por quien ahora también dirige las finanzas municipales, aunque tampoco los anteriores lo hicieron bien, la Cooperativa ha defendido una estrategia empresarial ajena a los nuevos tiempos, ajena a la propia agricultura, apostando por poder del intermediario y la explotación del pequeño agricultor como único recurso.

Justo ahora, cuando más necesaria se presenta la agricultura como solución local a la crisis, nuestra Cooperativa ha apostado por no mover un dedo en la nueva dirección, manteniendo una estructura caduca que la aleja de los nuevos agricultores, que ni quieren pagar comisiones ni participar de estructuras gigantescas, obsoletas y deficitarias.

Pero ellos están ahí, esperando a que los tiempos cambien y convertir en ladrillos los terrenos que ahora les regala el Ayuntamiento. Alguno pretenderá seguir para entonces con la sartén por el mango y recoger los frutos, inmobiliarios, que sus compañeros en el gobierno les ponen en bandeja. Y todavía habrá esteponeros que les crean cuando les cuenten que nos están salvando.