A la del 78, me refiero. No es la primera vez que me posiciono en esta columna contra un documento que discrimina a las personas según su según su nacimiento y ahora, a pocos días después de su aniversario, no voy a cambiar de opinión.
Un texto caduco que por la sola inclusión de la institución monárquica debería ser repudiado por todos los demócratas pero que además ha servido para perpetuar el liberalismo económico y las privilegiadas relaciones que mantiene la Iglesia Católica con el Estado. La mera inclusión del término “social” en el art.1 o la enumeración de algunos derechos como el del trabajo o a la vivienda digna no es suficiente para apoyar un texto que no es útil para regular las relaciones de los ciudadanos que convivimos en el Estado.
No es el único ejemplo pero la cuestión de la vivienda, por su relación con la Costa de la Corrupción, es suficientemente significativo del fracaso constitucional. Dice el texto en su art. 47 que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, y en el artículo 32 se reconoce el derecho a la propiedad privada, limitado por la “función social” de la misma. La práctica constitucional, 30 años después, ha puesto de manifiesto que el derecho a la propiedad privada es el único inviolable, que cada vez hay más diferencias entre poseedores de las riquezas y pobres y que la “función social” de la propiedad queda reducida a su declaración de intenciones, que no al ordenamiento efectivo.
En la Costa se acumulan las viviendas vacías junto a los expedientes de solicitud de una vivienda digna. El derecho a la propiedad privada, aunque sea la de los especuladores y corruptos, prevalece sobre el de los ciudadanos condenados a vivir en condiciones extremas.
Ha llegado el momento de solicitar una crisis constitucional profunda, que acabe con la desigualdad, con los privilegios de ciertas iglesias y, sobre todo, permita a los poderes públicos actuar de forma contundente contra la desigualdad y la injusticia social. Por una constitución republicana, laica, federal y social.
Un texto caduco que por la sola inclusión de la institución monárquica debería ser repudiado por todos los demócratas pero que además ha servido para perpetuar el liberalismo económico y las privilegiadas relaciones que mantiene la Iglesia Católica con el Estado. La mera inclusión del término “social” en el art.1 o la enumeración de algunos derechos como el del trabajo o a la vivienda digna no es suficiente para apoyar un texto que no es útil para regular las relaciones de los ciudadanos que convivimos en el Estado.
No es el único ejemplo pero la cuestión de la vivienda, por su relación con la Costa de la Corrupción, es suficientemente significativo del fracaso constitucional. Dice el texto en su art. 47 que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, y en el artículo 32 se reconoce el derecho a la propiedad privada, limitado por la “función social” de la misma. La práctica constitucional, 30 años después, ha puesto de manifiesto que el derecho a la propiedad privada es el único inviolable, que cada vez hay más diferencias entre poseedores de las riquezas y pobres y que la “función social” de la propiedad queda reducida a su declaración de intenciones, que no al ordenamiento efectivo.
En la Costa se acumulan las viviendas vacías junto a los expedientes de solicitud de una vivienda digna. El derecho a la propiedad privada, aunque sea la de los especuladores y corruptos, prevalece sobre el de los ciudadanos condenados a vivir en condiciones extremas.
Ha llegado el momento de solicitar una crisis constitucional profunda, que acabe con la desigualdad, con los privilegios de ciertas iglesias y, sobre todo, permita a los poderes públicos actuar de forma contundente contra la desigualdad y la injusticia social. Por una constitución republicana, laica, federal y social.
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