lunes, febrero 23, 2009

Subrogados

Publicado en Estepona Información el 21/02/2009

Se pone en marcha ese proceso tantas veces anunciado de subrogación de los trabajadores de las empresas municipales a la plantilla municipal. Nuevamente los sindicatos se convierten en los receptores de promesas tan reiteradas e incumplidas que pronto podrán equipararse a la leyenda urbana que supone la Universidad de Estepona.

Espero que los trabajadores y sus representantes sean conscientes de que estas nuevas promesas se efectúan tan en precario como las anteriores, pantomimas electorales en ocasiones. La mera declaración de intenciones de cumplir con un imaginario calendario pergeñado por unos políticos que han actuado siempre al margen de la realidad económica y soslayando el interés público no debe ser suficiente para callar a un colectivo que sin ninguna duda tiene legítimas reivindicaciones.

Porque ellos, ciudadanos de Estepona al tiempo que empleados del ayuntamiento, deben colocarse los primeros a la hora de exigir la tantas veces escondida R.P.T, incluyendo los informes económicos, de gestión y de valoración que permitan describir con exactitud la dimensión y calidad de una plantilla municipal que, desde fuera y sin contar con esos exhaustivos informes, se antoja sobredimensionada y pésimamente gestionada.

Datos objetivos como la incidencia del gasto de personal en el total presupuesto del Ayuntamiento o la práctica masiva de contrataciones al margen de los principios legales de igualdad, mérito y eficacia nos permiten asegurar, sin ningún género de dudas, que la simple incorporación de la actual plantilla de las empresas municipales al ayuntamiento no solucionará el problema que nos supone a los ciudadanos su mantenimiento, sino que lo agravará y extenderá al resto del colectivo de empleados, incluidos personal laboral y funcionario.

En esa línea, nos gustaría que además de la legítima subrogación, los sindicatos luchasen con todas sus fuerzas contra esa multitud de cargos políticos que pretenden acceder a un trabajo público aún siendo conscientes de que su contratación se hizo en fraude de ley y contra el interés general de los vecinos.

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