Mientras los trabajadores despedidos del Ayuntamiento de Estepona están todavía
a la espera de la sentencia que el Tribunal Supremo emitirá respecto al ERE de
2012, quitando o dando la razón a los recursos presentados por los sindicatos,
se precipita sobre todas las administraciones locales del Estado la reforma
dictada por la Ley 27/2013 del 30 de diciembre pasado.
Con la excusa de dotar de mayor efectividad y racionalidad la actuación de los ayuntamientos y demás entidades locales el gobierno del Partido Popular arremete contra los intereses de los vecinos en forma de supresión de unos servicios, privatización y encarecimiento de otros muchos continuando con la estrategia de desnudar las administraciones públicas.
Mezclando churras con merinas, como es habitual cuando la demagogia gobierna, la nueva ley presume de limitar el excesivo y descontrolado gasto de las corporaciones locales recortando la capacidad de fijar las propias retribuciones de alcaldes, concejales y cargos de confianza.
No voy a defender la absoluta libertad que han gozado las corporaciones locales hasta el momento. Por poner un par de ejemplos, eso sería como estar de acuerdo con el multimillonario sueldo que el gobierno del PSOE colocó a Barrientos y al resto de concejales de su gobierno. O el exagerado, además de caro e inútil, número de cargos de confianza que mantiene el actual gobierno de García Urbano.
Sin embargo sí que tenemos que defender, como una conquista de la izquierda, que nuestros cargos públicos y sus asesores puedan participar en la política viviendo dignamente de su ejercicio. Porque es necesario reivindicar que los trabajadores nos representen y actúen en defensa de nuestros intereses sabiendo que sus necesidades básicas están cubiertas. El interés de la derecha es precisamente el contrario, disfrazar como ahorro para la administración lo que solo es una medida destinada a que sean políticos aquellos que por herencia, o por eso que llaman “éxito empresarial y comercial” puedan ejercer como tales. Cerrando así el paso a obreros, estudiantes o pequeños empresarios que no podrían compatibilizar la actividad pública con sus actividades. En una palabra, ese empeño “racionalizador” es para que la política solo la sigan haciendo los ricos.
Insiste el legislador en limitar la autonomía municipal coartando la capacidad para prestar servicios, curiosamente cargando como siempre contra los mismos sectores de nuestra sociedad. Así, los servicios asistenciales, sanitarios y educativos quedan relegados o muy disminuidos, fuera de la capacidad municipal. Dice la ley que todo se hace en aras de la efectividad, y que serán las comunidades autónomas las que podrán delegar esas funciones en los ayuntamientos. Aunque lo que la realidad económica esconde es que también se han dictado leyes que castran a los gobiernos autonómicos en función de los criterios del déficit. El resultado será que los vecinos con más problemas se verán desamparados, al no contar con el esfuerzo de sus ayuntamientos, conocida la inoperancia de las administraciones central y autonómica.
Aunque, y volviendo al principio, no es ese el caso del Ayuntamiento de Estepona. Como ya conocemos, García Urbano es la punta de lanza del PP en todas las iniciativas contrarias al interés de los menos favorecidos. Aquí ya se habían suprimido vía ERE importantes servicios asistenciales y educativos y con la nueva ley verán reforzados sus regresivos criterios. De hecho, y cuando no queda casi nada por privatizar, seguro que el Notario se frota las manos mientras redacta un nuevo ERE. Podrá hacerlo casi sin contestación social. Como se vio hace unos meses, los sumisos trabajadores municipales tragan con todo.
Con la excusa de dotar de mayor efectividad y racionalidad la actuación de los ayuntamientos y demás entidades locales el gobierno del Partido Popular arremete contra los intereses de los vecinos en forma de supresión de unos servicios, privatización y encarecimiento de otros muchos continuando con la estrategia de desnudar las administraciones públicas.
Mezclando churras con merinas, como es habitual cuando la demagogia gobierna, la nueva ley presume de limitar el excesivo y descontrolado gasto de las corporaciones locales recortando la capacidad de fijar las propias retribuciones de alcaldes, concejales y cargos de confianza.
No voy a defender la absoluta libertad que han gozado las corporaciones locales hasta el momento. Por poner un par de ejemplos, eso sería como estar de acuerdo con el multimillonario sueldo que el gobierno del PSOE colocó a Barrientos y al resto de concejales de su gobierno. O el exagerado, además de caro e inútil, número de cargos de confianza que mantiene el actual gobierno de García Urbano.
Sin embargo sí que tenemos que defender, como una conquista de la izquierda, que nuestros cargos públicos y sus asesores puedan participar en la política viviendo dignamente de su ejercicio. Porque es necesario reivindicar que los trabajadores nos representen y actúen en defensa de nuestros intereses sabiendo que sus necesidades básicas están cubiertas. El interés de la derecha es precisamente el contrario, disfrazar como ahorro para la administración lo que solo es una medida destinada a que sean políticos aquellos que por herencia, o por eso que llaman “éxito empresarial y comercial” puedan ejercer como tales. Cerrando así el paso a obreros, estudiantes o pequeños empresarios que no podrían compatibilizar la actividad pública con sus actividades. En una palabra, ese empeño “racionalizador” es para que la política solo la sigan haciendo los ricos.
Insiste el legislador en limitar la autonomía municipal coartando la capacidad para prestar servicios, curiosamente cargando como siempre contra los mismos sectores de nuestra sociedad. Así, los servicios asistenciales, sanitarios y educativos quedan relegados o muy disminuidos, fuera de la capacidad municipal. Dice la ley que todo se hace en aras de la efectividad, y que serán las comunidades autónomas las que podrán delegar esas funciones en los ayuntamientos. Aunque lo que la realidad económica esconde es que también se han dictado leyes que castran a los gobiernos autonómicos en función de los criterios del déficit. El resultado será que los vecinos con más problemas se verán desamparados, al no contar con el esfuerzo de sus ayuntamientos, conocida la inoperancia de las administraciones central y autonómica.
Aunque, y volviendo al principio, no es ese el caso del Ayuntamiento de Estepona. Como ya conocemos, García Urbano es la punta de lanza del PP en todas las iniciativas contrarias al interés de los menos favorecidos. Aquí ya se habían suprimido vía ERE importantes servicios asistenciales y educativos y con la nueva ley verán reforzados sus regresivos criterios. De hecho, y cuando no queda casi nada por privatizar, seguro que el Notario se frota las manos mientras redacta un nuevo ERE. Podrá hacerlo casi sin contestación social. Como se vio hace unos meses, los sumisos trabajadores municipales tragan con todo.
2 comentarios:
¿Qué podría comentar?...Me encuentro en dolorosa escasez de palabras...Aunque creo que aún tengo algunos "Miserables"...
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