El anuncio de la Junta de Andalucía de la puesta en marcha del decreto de regularización de viviendas ilegales sobre aquellos que han edificado sobre territorios rústicos puede alegrar a muchos esteponeros que ven, por fin, una solución a sus “campitos”.
De forma muy demagógica se ha usado por parte de los “campiteros” el derecho a la vivienda y una supuesta forma de vida tradicional como excusas incontestables que justificarían los miles de chalets unifamiliares edificados sin licencia sobre cualquier parcela y en cualquier paraje.
Si bien es cierto que hay familias viviendo en el campo y también es cierto que muchas de ellas mantienen explotaciones agrícolas en perfecto estado la realidad es que la gran mayoría de las edificaciones ilegales responden al burgués deseo de la vivienda de fin de semana con piscina y pradera de césped. Muy alejado por tanto del legítimo derecho a la vivienda o la casa de labor agrícola.
Mucho peor fue el anuncio del Notario en campaña electoral, prometiendo la urbanización total del territorio ilegalmente ocupado por construcciones irregulares. Engañando a los afectados incluso aquello sobre lo que no tenía competencias, el Notario hablaba de un futuro en el que todos los ocupantes ilegales de suelo rural serían afortunados propietarios de fincas urbanas susceptibles de especulación en el mercado inmobiliario.
Mucho nos tememos que la Junta de Andalucía tenga un interés parecido al del Notario, aunque posiblemente limitado de alguna forma a la ocupación de riberas o vías públicas agrícolas, figuras para las que el Notario ni siquiera fijaba excepciones.
Premiar el interés particular de unos cuantos cuando atenta contra el interés general no debe ser visto con complacencia sino, todo lo contrario, como atentado a nuestro futuro. Y debemos ser beligerantes en la defensa del medio rural, el paisaje, el medio ambiente y la soberanía alimentaria. No es de recibo jalear el mentiroso mensaje de los que construyeron el campo para vender las casas o usarlas exclusivamente para barbacoas y piscinas.
De forma muy demagógica se ha usado por parte de los “campiteros” el derecho a la vivienda y una supuesta forma de vida tradicional como excusas incontestables que justificarían los miles de chalets unifamiliares edificados sin licencia sobre cualquier parcela y en cualquier paraje.
Si bien es cierto que hay familias viviendo en el campo y también es cierto que muchas de ellas mantienen explotaciones agrícolas en perfecto estado la realidad es que la gran mayoría de las edificaciones ilegales responden al burgués deseo de la vivienda de fin de semana con piscina y pradera de césped. Muy alejado por tanto del legítimo derecho a la vivienda o la casa de labor agrícola.
Mucho peor fue el anuncio del Notario en campaña electoral, prometiendo la urbanización total del territorio ilegalmente ocupado por construcciones irregulares. Engañando a los afectados incluso aquello sobre lo que no tenía competencias, el Notario hablaba de un futuro en el que todos los ocupantes ilegales de suelo rural serían afortunados propietarios de fincas urbanas susceptibles de especulación en el mercado inmobiliario.
Mucho nos tememos que la Junta de Andalucía tenga un interés parecido al del Notario, aunque posiblemente limitado de alguna forma a la ocupación de riberas o vías públicas agrícolas, figuras para las que el Notario ni siquiera fijaba excepciones.
Premiar el interés particular de unos cuantos cuando atenta contra el interés general no debe ser visto con complacencia sino, todo lo contrario, como atentado a nuestro futuro. Y debemos ser beligerantes en la defensa del medio rural, el paisaje, el medio ambiente y la soberanía alimentaria. No es de recibo jalear el mentiroso mensaje de los que construyeron el campo para vender las casas o usarlas exclusivamente para barbacoas y piscinas.
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