Aunque desde el gobierno se intente justificar, el asunto de las productividades a determinados trabajadores del ayuntamiento apesta. Creo que no es hora de andarse por las ramas respecto a esta cuestión. Mientras aún se adeudan pagas extras del ejercicio 2009 o con la espada de Damocles del agotamiento de los fondos presupuestarios para el pago de los salarios, no se puede entender que algunos privilegiados perciban importes más allá de lo estrictamente conveniado.
Estos dos meses pasados se repartieron productividades que más bien parecían comisiones por contribuir al cierre de un jugoso negocio urbanístico, concretamente me refiero al convenio firmado con los representantes de la dictadura saudí. Los perceptores, unos afortunados que pese a estar imputados por la presunta comisión de delitos relativos a la corrupción urbanística no han sido apartados de cualquier tipo de decisión, como la prudencia aconsejaría. En su lugar, se les retribuye por emitir informes favorables a un negocio urbanístico multimillonario. O sea, por lo mismo que ahora están imputados.
Y este mes, además de la subvención finalista de la Junta de Andalucía, un cargo de confianza político percibe una elevada cantidad de forma aún más incomprensible. El Sr. Fernández Gago, asesor personal del Alcalde en política de personal, es agraciado por su magnífica gestión.
¿Reina la paz social en nuestro ayuntamiento por su buen oficio? ¿Se resolvieron los problemas relativos al pago de las nóminas? ¿Estamos en paz respecto a las cuotas de la Seguridad Social o las retenciones debidas a la Agencia Tributaria? ¿Se puso en marcha la RPT o la mejora estructural de los departamentos? ¿Se ganan en los tribunales todos los pleitos presentados contra el Ayuntamiento?
La respuesta, en todos los casos, es negativa. Sin embargo, el alcalde sigue empeñado en mantener a esa extraña cohorte de asesores que le hacen perder pleitos, enfrentarse a los trabajadores y, por si fuera poco, firmar convenios urbanísticos basados en “informes técnicos favorables”. Yo de él no me fiaría ni un pelo.
Estos dos meses pasados se repartieron productividades que más bien parecían comisiones por contribuir al cierre de un jugoso negocio urbanístico, concretamente me refiero al convenio firmado con los representantes de la dictadura saudí. Los perceptores, unos afortunados que pese a estar imputados por la presunta comisión de delitos relativos a la corrupción urbanística no han sido apartados de cualquier tipo de decisión, como la prudencia aconsejaría. En su lugar, se les retribuye por emitir informes favorables a un negocio urbanístico multimillonario. O sea, por lo mismo que ahora están imputados.
Y este mes, además de la subvención finalista de la Junta de Andalucía, un cargo de confianza político percibe una elevada cantidad de forma aún más incomprensible. El Sr. Fernández Gago, asesor personal del Alcalde en política de personal, es agraciado por su magnífica gestión.
¿Reina la paz social en nuestro ayuntamiento por su buen oficio? ¿Se resolvieron los problemas relativos al pago de las nóminas? ¿Estamos en paz respecto a las cuotas de la Seguridad Social o las retenciones debidas a la Agencia Tributaria? ¿Se puso en marcha la RPT o la mejora estructural de los departamentos? ¿Se ganan en los tribunales todos los pleitos presentados contra el Ayuntamiento?
La respuesta, en todos los casos, es negativa. Sin embargo, el alcalde sigue empeñado en mantener a esa extraña cohorte de asesores que le hacen perder pleitos, enfrentarse a los trabajadores y, por si fuera poco, firmar convenios urbanísticos basados en “informes técnicos favorables”. Yo de él no me fiaría ni un pelo.
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