Ya no le echamos tanto de menos. Como comenté la semana pasada los convenios urbanísticos al margen de un diseño coherente de la ciudad ya son deseables e imprescindibles para nuestro pleno municipal. El pelotazo que pegará alguno de nuestros vecinos y visitantes, dictadores sanguinarios incluidos, es la mejor forma de gobernar.
Únicamente faltó el evento propagandístico financiado por la promotora, aunque no los “informes técnicos” que avalaban, antes de Astapa y ahora, todas las operaciones urbanísticas por más sospechosas que pareciesen. Justo la piedra angular de la investigación criminal que se lleva en el juzgado nº 1 de Estepona.
Si para el entramado corrupto son imprescindibles el cargo político que se corrompe y el empresario sin escrúpulos que le financia, no es menos necesario el trabajo del funcionario, de carrera o enchufado, que proporciona los mimbres de aparente legalidad a cada operación fraudulenta.
Antaño se premiaba a ciertos funcionarios con productividades al margen de planes legales y consensuados con los sindicatos. Se premiaba económicamente, presuntamente según la instrucción, por facilitar las actuaciones en las que políticos, empresarios y ellos mismos obtenían beneficios ilícitos mientras perjudicaban el interés común de todos los ciudadanos.
Desde Los Verdes solicitamos, amparándonos en el Estatuto de los Trabajadores, que se apartase cautelarmente a todos los funcionarios imputados por ilegalidades de su puesto de trabajo. No se hizo, y ni siquiera se les apartó de la gestión directa de asuntos en los que pudiesen volver a repetir comportamientos como los que propiciaron su imputación judicial.
Hoy observamos como, además de no hacernos caso, se vuelve a premiar a dos de los sospechosos por gestiones que si se ajustasen a sus funciones no deberían ser extraordinarias pues se les paga por dictar informes conformes a la Ley. En los viejos tiempos curiosamente, o no tanto, comprar esos informes emitidos para favorecer a algunos propietarios es lo que según el sumario Astapa hacía el Alcalde Barrientos.
Únicamente faltó el evento propagandístico financiado por la promotora, aunque no los “informes técnicos” que avalaban, antes de Astapa y ahora, todas las operaciones urbanísticas por más sospechosas que pareciesen. Justo la piedra angular de la investigación criminal que se lleva en el juzgado nº 1 de Estepona.
Si para el entramado corrupto son imprescindibles el cargo político que se corrompe y el empresario sin escrúpulos que le financia, no es menos necesario el trabajo del funcionario, de carrera o enchufado, que proporciona los mimbres de aparente legalidad a cada operación fraudulenta.
Antaño se premiaba a ciertos funcionarios con productividades al margen de planes legales y consensuados con los sindicatos. Se premiaba económicamente, presuntamente según la instrucción, por facilitar las actuaciones en las que políticos, empresarios y ellos mismos obtenían beneficios ilícitos mientras perjudicaban el interés común de todos los ciudadanos.
Desde Los Verdes solicitamos, amparándonos en el Estatuto de los Trabajadores, que se apartase cautelarmente a todos los funcionarios imputados por ilegalidades de su puesto de trabajo. No se hizo, y ni siquiera se les apartó de la gestión directa de asuntos en los que pudiesen volver a repetir comportamientos como los que propiciaron su imputación judicial.
Hoy observamos como, además de no hacernos caso, se vuelve a premiar a dos de los sospechosos por gestiones que si se ajustasen a sus funciones no deberían ser extraordinarias pues se les paga por dictar informes conformes a la Ley. En los viejos tiempos curiosamente, o no tanto, comprar esos informes emitidos para favorecer a algunos propietarios es lo que según el sumario Astapa hacía el Alcalde Barrientos.
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