Esta vez ha sido el Juez Garzón el que destapa otro supuesto caso de corrupción directamente relacionado con Estepona. La imputación de Ricardo Galeote por actividades relacionadas a su etapa como Director de Área de nuestro Ayuntamiento ha elevado, momentáneamente, la nómina de ediles esteponeros implicados judicialmente en actividades ilícitas.
Aunque en este caso la actitud de Galeote ha estado a la altura de las circunstancias y ha asumido personalmente, como debe ser, su situación procesal. Su dimisión y renuncia a su acta de concejal le dignifica, le sitúa en plano de igualdad respecto al resto de ciudadanos a la hora de emprender su defensa y permite a su partido político seguir haciendo bandera de la lucha contra la corrupción en Estepona.
Cierto es que tan sólo en Estepona, pues el Presidente de la Comunidad Valenciana, el alcalde de Alhaurín y otros altos cargos del PP siguen a día de hoy enquistados en su cargos y contando expresamente con el apoyo de la Ejecutiva popular pese a los más que razonables indicios de corrupción en sus instituciones.
Porque hay que remarcar que la dimisión de Galeote y su petición de suspensión de militancia es una decisión personal, ajena a las directrices de un partido que suele hacer piña alrededor de los presuntos corruptos incluso más allá de las condenas en primera instancia y que cuenta con un gran número de políticos implicados en casos de corrupción.
Ricardo Galeote, con su ejemplo, ha puesto en evidencia a su partido y también al resto de concejales imputados en el Ayuntamiento de Estepona. Como ya hicieron en su momento Rafael Duarte y Antonio Barrientos, su inocencia podrá defenderla sin suponer una carga al conjunto de sus ciudadanos.
No pediremos que el ejemplo cunda entre el resto de implicados por la Operación Astapa, pues los actos de dignidad sólo se pueden esperar de personas que la mantienen pese a la adversidad. No es el caso de estos ciudadanos, alguno ya condenado por el Tribunal de Cuentas, que hace tiempo dejaron de ser ejemplo de limpieza para el resto de sus vecinos.
Aunque en este caso la actitud de Galeote ha estado a la altura de las circunstancias y ha asumido personalmente, como debe ser, su situación procesal. Su dimisión y renuncia a su acta de concejal le dignifica, le sitúa en plano de igualdad respecto al resto de ciudadanos a la hora de emprender su defensa y permite a su partido político seguir haciendo bandera de la lucha contra la corrupción en Estepona.
Cierto es que tan sólo en Estepona, pues el Presidente de la Comunidad Valenciana, el alcalde de Alhaurín y otros altos cargos del PP siguen a día de hoy enquistados en su cargos y contando expresamente con el apoyo de la Ejecutiva popular pese a los más que razonables indicios de corrupción en sus instituciones.
Porque hay que remarcar que la dimisión de Galeote y su petición de suspensión de militancia es una decisión personal, ajena a las directrices de un partido que suele hacer piña alrededor de los presuntos corruptos incluso más allá de las condenas en primera instancia y que cuenta con un gran número de políticos implicados en casos de corrupción.
Ricardo Galeote, con su ejemplo, ha puesto en evidencia a su partido y también al resto de concejales imputados en el Ayuntamiento de Estepona. Como ya hicieron en su momento Rafael Duarte y Antonio Barrientos, su inocencia podrá defenderla sin suponer una carga al conjunto de sus ciudadanos.
No pediremos que el ejemplo cunda entre el resto de implicados por la Operación Astapa, pues los actos de dignidad sólo se pueden esperar de personas que la mantienen pese a la adversidad. No es el caso de estos ciudadanos, alguno ya condenado por el Tribunal de Cuentas, que hace tiempo dejaron de ser ejemplo de limpieza para el resto de sus vecinos.
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