Ningún partido se ha incorporado al gobierno municipal. Estepona 2007 no es un partido político sino un lobby de intereses creado expresamente para lo que ahora ha conseguido: Obtener una parcela de poder, contratar a militantes del partido y dejar fluir la política desarrollada por el desgobierno socialista. Ni más ni menos. Y aunque la cuestión no merece ni una línea más, dejaré escrito, de forma políticamente incorrecta pero absolutamente sincera, lo que me parece la creación de la concejalía del polígono. Es una absoluta estupidez, y todos lo saben desde que se oyó por primera vez en la campaña electoral.
Algo mucho más preocupante, por atentar contra los derechos fundamentales, se ha producido durante estos días. José Antonio Gálvez, portavoz de la Plataforma Cívica, ha sido sancionado por la Subdelegación de Gobierno.
Considerado responsable de las concentraciones convertidas en manifestaciones y otras convocatorias contra la subida del IBI y el despilfarro municipal, Gálvez deberá afrontar una multa de un millón de pesetas.
Los derechos fundamentales como el de libertad de expresión o el de manifestación, no deben estar sujetos de ninguna manera al formalismo de la autorización gubernativa. Es mucho más importante su garantía que la capacidad de un burócrata para expedir o no una firma. Mucho más cuando se ha ejercido inequívocamente de forma responsable y pacífica.
Independientemente de lo solicitado o reivindicado, de la justicia o no de las peticiones formuladas en la calle, jamás se debería cercenar a nadie ninguno de sus derechos fundamentales.
Sin embargo, la lectura interesada de la democracia, la práctica partidista y el interés de aniquilar al adversario político han animado a estos déspotas gobernantes de Estepona y Málaga, que mancillan el socialismo con sus prácticas antidemocráticas.
Los que ahora son perseguidos por expresar sus opiniones tendrán el apoyo inequívoco de los demócratas de verdad. Repetiré aquello atribuido a Voltaire, “No estoy de acuerdo con tus ideas, pero moriría por tu derecho a expresarlas”.
Algo mucho más preocupante, por atentar contra los derechos fundamentales, se ha producido durante estos días. José Antonio Gálvez, portavoz de la Plataforma Cívica, ha sido sancionado por la Subdelegación de Gobierno.
Considerado responsable de las concentraciones convertidas en manifestaciones y otras convocatorias contra la subida del IBI y el despilfarro municipal, Gálvez deberá afrontar una multa de un millón de pesetas.
Los derechos fundamentales como el de libertad de expresión o el de manifestación, no deben estar sujetos de ninguna manera al formalismo de la autorización gubernativa. Es mucho más importante su garantía que la capacidad de un burócrata para expedir o no una firma. Mucho más cuando se ha ejercido inequívocamente de forma responsable y pacífica.
Independientemente de lo solicitado o reivindicado, de la justicia o no de las peticiones formuladas en la calle, jamás se debería cercenar a nadie ninguno de sus derechos fundamentales.
Sin embargo, la lectura interesada de la democracia, la práctica partidista y el interés de aniquilar al adversario político han animado a estos déspotas gobernantes de Estepona y Málaga, que mancillan el socialismo con sus prácticas antidemocráticas.
Los que ahora son perseguidos por expresar sus opiniones tendrán el apoyo inequívoco de los demócratas de verdad. Repetiré aquello atribuido a Voltaire, “No estoy de acuerdo con tus ideas, pero moriría por tu derecho a expresarlas”.
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