Reconozcámoslo, no volverán a crecer urbanizaciones como rosquillas en el territorio de la Costa. No porque no tengamos políticos dispuestos a recalificar hasta los pinsapos de Los Reales, sino por la desaparición de un mercado basado en la especulación y el dinero fácil y que siempre estuvo alejado de las necesidades de la población y la realidad económica.
Ahora, pasada la tormenta de la urbanización feroz construida a golpe de sospechosos convenios bajo examen judicial, nos queda una suerte de “zona cero” plagada de grúas y maquinaria paradas, hipotecas de imposible realización, miles de viviendas vacías y trabajadores agotando las prestaciones por desempleo. Ha llegado el momento de afrontar una nueva Ley del Suelo que reconozca las carencias, los errores y las injusticias que con los ciudadanos se han cometido.
En la nueva Ley deberán incorporarse de forma inequívoca los mandatos constitucionales que imponen la función social de la propiedad y la exigencia de vivienda digna para todos los ciudadanos. Si están vacías, las viviendas, en lugar de ser usadas como instrumentos de mercadeo infame o trapicheo vergonzoso, deberán incorporarse al mercado de la vivienda protegida de forma obligatoria, cumpliendo así tan importantes preceptos constitucionales. Sí, mucho más importantes que el tan reclamado por algunos a la presunción de inocencia.
No tiene sentido por tanto que los planes de ordenación reserven el 30% de los nuevos suelos a urbanizar cuando el parque de viviendas vacías es más que suficiente para absorber la demanda de vivienda protegida. Los ingresos urbanísticos que ahora se deben destinar obligatoriamente al patrimonio municipal del suelo podrán destinarse, por la misma razón, a la rehabilitación de viviendas y edificios públicos. De forma muy especial dirigida a la optimización y el uso de energías renovables. Como ven, hay alternativas sostenibles ecológica y socialmente al negocio inmobiliario de unos pocos y, por si fuese poco, hasta nicho de empleo para los que antes eran albañiles, fontaneros o electricistas.
Ahora, pasada la tormenta de la urbanización feroz construida a golpe de sospechosos convenios bajo examen judicial, nos queda una suerte de “zona cero” plagada de grúas y maquinaria paradas, hipotecas de imposible realización, miles de viviendas vacías y trabajadores agotando las prestaciones por desempleo. Ha llegado el momento de afrontar una nueva Ley del Suelo que reconozca las carencias, los errores y las injusticias que con los ciudadanos se han cometido.
En la nueva Ley deberán incorporarse de forma inequívoca los mandatos constitucionales que imponen la función social de la propiedad y la exigencia de vivienda digna para todos los ciudadanos. Si están vacías, las viviendas, en lugar de ser usadas como instrumentos de mercadeo infame o trapicheo vergonzoso, deberán incorporarse al mercado de la vivienda protegida de forma obligatoria, cumpliendo así tan importantes preceptos constitucionales. Sí, mucho más importantes que el tan reclamado por algunos a la presunción de inocencia.
No tiene sentido por tanto que los planes de ordenación reserven el 30% de los nuevos suelos a urbanizar cuando el parque de viviendas vacías es más que suficiente para absorber la demanda de vivienda protegida. Los ingresos urbanísticos que ahora se deben destinar obligatoriamente al patrimonio municipal del suelo podrán destinarse, por la misma razón, a la rehabilitación de viviendas y edificios públicos. De forma muy especial dirigida a la optimización y el uso de energías renovables. Como ven, hay alternativas sostenibles ecológica y socialmente al negocio inmobiliario de unos pocos y, por si fuese poco, hasta nicho de empleo para los que antes eran albañiles, fontaneros o electricistas.
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