Estepona, 14 de abril de 2004
DÍA DE LA REPÚBLICA
CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA CONSIDERA QUE EL ALCALDE DE ESTEPONA DEBE CESAR A LOS CONCEJALES INVESTIGADOS POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS.
La corriente crítica “Convocatoria por Andalucía” de IU-LV-CA en Estepona, propondrá el próximo jueves en la reunión ordinaria del Consejo Local de la formación su consideración acerca del cese a los concejales investigados por el Tribunal de Cuentas.
En opinión de la corriente de IU, no resulta nada conveniente para la credibilidad y estabilidad del actual equipo de gobierno que los responsables de una gestión que está en entredicho por el informe del Tribunal de Cuentas continúen al frente de delegaciones, máxime cuando las irregularidades económicas investigadas por el Tribunal de Cuentas también han sido denunciadas tanto por el PSOE como por IU, por lo que resulta inexplicable que un Alcalde del PSOE, apoyado por IU, delegue en estas personas.
El informe que con carácter definitivo ha emitido recientemente el Tribunal de Cuentas del Reino pone de manifiesto diversas irregularidades de tipo administrativo y contable que en algún caso incluso pudieran ser calificadas como delito.
Estas irregularidades, cometidas en el período fiscalizado de 1995 a 1999, gobernado casi todo el tiempo por el GIL, afectan a diversos expedientes cuyo valor asciende a un total aproximado de 24 millones de euros (4.000 mill. Ptas), y se produjeron en la actividad de casi todas las Delegaciones municipales de la época.
Los responsables políticos de esas Delegaciones, que incluso podrían ser también responsables personales de esos expedientes, deberían ser cesados por el Alcalde en los cargos que ahora ostentan en el Gobierno Municipal, en opinión de la corriente de IU. Esta consideración no pone en tela de juicio la presunción de inocencia, ni califica de ninguna manera actos que corresponderá a la Justicia investigar hasta el final y resolver.
Sin embargo, y de la misma forma que se haría en cualquier otra actividad pública y privada, la presunción de inocencia no debe evitar la obligación política del Alcalde de salvaguardar el patrimonio municipal. Para que ninguno de nuestros gobernantes esté bajo sospecha, Convocatoria por Andalucía considera que no deberían seguir manejando dinero de los presupuestos públicos aquellos que en su día, por mala gestión, por desconocimiento, por errores o por cualquier otro motivo han llevado al Tribunal de Cuentas a abrir diligencias para esclarecer el destino de los citados 4.000 mill. de ptas. Esto es especialmente grave en el caso del que fue 1er. Tte. de Alcalde en aquella época, José Ignacio Crespo, Alcalde de hecho durante la mayor parte de los cuatro años del GIL, responsable máximo de una política continuada que permitió la mala gestión de esos expedientes, una política que no podríamos calificar de casual. Este Sr. ahora vuelve a ostentar el cargo con parecidas responsabilidades.
Consideramos el cese y no la dimisión de estos concejales, ya que entendemos que la dimisión es un acto ético que corresponde a una decisión personal, en función de la salvaguarda de su imagen pública. Esta última reflexión la hacemos extensiva a los concejales que fueron del GIL actualmente adscritos al Grupo Municipal del PP, implicados también de manera directa en la comisión de los hechos investigados por el Tribunal de Cuentas.
DÍA DE LA REPÚBLICA
NOTA DE PRENSA
CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA CONSIDERA QUE EL ALCALDE DE ESTEPONA DEBE CESAR A LOS CONCEJALES INVESTIGADOS POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS.
La corriente crítica “Convocatoria por Andalucía” de IU-LV-CA en Estepona, propondrá el próximo jueves en la reunión ordinaria del Consejo Local de la formación su consideración acerca del cese a los concejales investigados por el Tribunal de Cuentas.
En opinión de la corriente de IU, no resulta nada conveniente para la credibilidad y estabilidad del actual equipo de gobierno que los responsables de una gestión que está en entredicho por el informe del Tribunal de Cuentas continúen al frente de delegaciones, máxime cuando las irregularidades económicas investigadas por el Tribunal de Cuentas también han sido denunciadas tanto por el PSOE como por IU, por lo que resulta inexplicable que un Alcalde del PSOE, apoyado por IU, delegue en estas personas.
El informe que con carácter definitivo ha emitido recientemente el Tribunal de Cuentas del Reino pone de manifiesto diversas irregularidades de tipo administrativo y contable que en algún caso incluso pudieran ser calificadas como delito.
Estas irregularidades, cometidas en el período fiscalizado de 1995 a 1999, gobernado casi todo el tiempo por el GIL, afectan a diversos expedientes cuyo valor asciende a un total aproximado de 24 millones de euros (4.000 mill. Ptas), y se produjeron en la actividad de casi todas las Delegaciones municipales de la época.
Los responsables políticos de esas Delegaciones, que incluso podrían ser también responsables personales de esos expedientes, deberían ser cesados por el Alcalde en los cargos que ahora ostentan en el Gobierno Municipal, en opinión de la corriente de IU. Esta consideración no pone en tela de juicio la presunción de inocencia, ni califica de ninguna manera actos que corresponderá a la Justicia investigar hasta el final y resolver.
Sin embargo, y de la misma forma que se haría en cualquier otra actividad pública y privada, la presunción de inocencia no debe evitar la obligación política del Alcalde de salvaguardar el patrimonio municipal. Para que ninguno de nuestros gobernantes esté bajo sospecha, Convocatoria por Andalucía considera que no deberían seguir manejando dinero de los presupuestos públicos aquellos que en su día, por mala gestión, por desconocimiento, por errores o por cualquier otro motivo han llevado al Tribunal de Cuentas a abrir diligencias para esclarecer el destino de los citados 4.000 mill. de ptas. Esto es especialmente grave en el caso del que fue 1er. Tte. de Alcalde en aquella época, José Ignacio Crespo, Alcalde de hecho durante la mayor parte de los cuatro años del GIL, responsable máximo de una política continuada que permitió la mala gestión de esos expedientes, una política que no podríamos calificar de casual. Este Sr. ahora vuelve a ostentar el cargo con parecidas responsabilidades.
Consideramos el cese y no la dimisión de estos concejales, ya que entendemos que la dimisión es un acto ético que corresponde a una decisión personal, en función de la salvaguarda de su imagen pública. Esta última reflexión la hacemos extensiva a los concejales que fueron del GIL actualmente adscritos al Grupo Municipal del PP, implicados también de manera directa en la comisión de los hechos investigados por el Tribunal de Cuentas.
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